Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone que se faculte al Congreso de la Unión para emitir la Ley General de Voluntad Anticipada, que regula el derecho a ejercer la voluntad anticipada de morir.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, sugirió modificar los artículos 4 y 73 de la constitución para que se regule el acceso a la eutanasia especificando que toda persona tiene derecho a ejercer la voluntad anticipada de manera libre, expresa e informada.
La iniciativa destaca que el derecho a una vida digna debe incluir de manera implícita el derecho a una muerte digna.
El diputado argumentó que la Sociedad Médica de Santiago, Chile, se refiere a la eutanasia como “la muerte indolora infligida a una persona humana, consciente o no, que sufre abundantemente a causa de enfermedades graves e incurables o por su condición de disminuido, sean congénitas o adquiridas, llevada a cabo de manera deliberada por el personal sanitario o al menos con su ayuda, mediante fármacos o con la suspensión de curas vitales ordinarias, porque se considera irracional que prosiga una vida que, en tales condiciones, se valora como ya no digna de ser vivida”.
Álvarez Máynez también explicó que Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos define a la eutanasia como “la muerte fácil o sin dolor, o la terminación intencional de la vida de una persona que padece una enfermedad incurable o dolorosa, a solicitud de la misma. También se llama muerte por piedad”.
De ser expedida, la ley establecería los principios y bases a los que el gobierno debe estar sujeto en materia de voluntad anticipada. Esta legislación daría paso a la expedición de todas las leyes necesarias.
La iniciativa del diputado de Movimiento Ciudadano, que representa a Jalisco, pide que la ley incluya la participación de traductores e intérpretes para personas que hablan lengua indígena, personas sordas o mudas y para la ciudadanía que no sepa leer.
De acuerdo con lo presentado, la Declaración de Voluntad Anticipada podría ser revocada y los notarios tendrían la posibilidad de negarse a expedir este documento.
Esta propuesta será analizada en la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
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