La ex conductora de televisión Inés “G", solicitó la protección de la justicia federal ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México contra la orden de aprehensión y emisión de la ficha roja que se libró en su contra por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La acusación del Ministerio Público refiere que ella junto con su esposo, Víctor Manuel “A”, están relacionados con el desvío de 2 mil 950 millones de pesos obtenidos mediante contratos asignados de manera directa que fueron utilizados con empresas fachada que operaron durante la pasada administración federal y presuntamente prestaron servicios a la Secretaría de Gobernación.
Inés “G” presentó la demanda de garantías el pasado 24 de enero y en los próximos días el impartidor de justicia determinará si acepta a trámite el juicio de amparo.
En su demanda, la promovente señaló como autoridad responsable a Gregorio Salazar Hernández, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez. Los actos reclamados, agregó, forman parte de las causas penales 322/2020, 314/2021, 453/2021, 466/2021.
De acuerdo con las indagatorias, desde noviembre de 2019 la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Según las autoridades estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos.
Desde septiembre de 2021 la FGR obtuvo órdenes de aprehensión en contra de Inés “G” y Víctor Manuel “A”, las cuales le fueron concedidas por un juez federal con sede en Almoloya de Juárez, en el Estado de México y desde octubre pasado las autoridades mexicanas lograron que se emitiera la Ficha Roja, y con ello que corporaciones policiacas de más de 190 naciones colabores en la ubicación de los prófugos.
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