Foto: Víctor Camacho

Enrique Méndez

Para evitar que presuntos feminicidas continúen en libertad, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para aplicar prisión preventiva oficiosa en casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa.

Con ello, los jueces podrán imponer esa medida con objeto de garantizar la comparecencia del imputado y, cuando se trate de un intento de feminicidio, salvaguardar la integridad de la víctima.

Además, los legisladores definieron que en casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa no procederá la sustitución de la pena y que también serán improcedentes la libertad condicionada, la libertad anticipada y la libertad preparatoria.

La comisión avaló modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Código Penal Federal, para considerar también una pena especial para los casos de feminicidio en grado de tentativa punible y recordó cómo en 2019 Abril Pérez Sagaón fue víctima de feminicidio en grado de tentativa por su esposo, pero la ley vigente no preveía la prisión preventiva y no fue encarcelado. Pérez Sagaón fue asesinada el 29 de noviembre de ese año y la comisión expuso que aún se presume que el autor intelectual del feminicidio fue su esposo.

 

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El dictamen, que será discutido en la sesión de hoy, incluye un paquete de medidas que buscan garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a las mujeres y niñas, y de reparación del daño en favor de las víctimas indirectas en casos de feminicidio consumado y en grado de tentativa punible.

La comisión resaltó que la norma penal vigente no regula de manera exhaustiva las consecuencias de hecho y derecho para casos de feminicidio en grado de tentativa punible, lo cual representa un escenario de vulnerabilidad para las víctimas, principalmente en materia de acceso a la justicia, reparación del daño y la salvaguarda de su integridad física y mental.

Entre los objetos de la reforma se resalta fortalecer el marco normativo penal y proteger los derechos humanos de las víctimas al eliminar la posibilidad de que los imputados obtengan beneficios de libertad.

Además, se ponderó que el delito de feminicidio consumado y en grado de tentativa constituye uno de los actos que lesionan bienes jurídicos del más alto valor, como son la vida de las mujeres, su derecho a vivir libres de violencia, el respeto a su dignidad y su derecho a la integridad y a la libertad sexual.

La comisión señaló que el Observatorio de Medios de Comunicación en perspectiva de género de Michoacán documentó cómo en los ocho años recientes las fiscalías en todo el país abrieron, cada una, 595 investigaciones diarias por golpes, quemaduras, estrangulamiento, lesiones con armas blancas o de fuego contra mujeres”.

 

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Edición Astrid Sánchez 


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