Jessica Xantomila y Fernando Camacho
La muerte del ex presidente Luis Echeverría Álvarez “no lo exonera de ninguna responsabilidad” de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y la masacre del halconazo, el 10 de junio de 1971, ni de las desapariciones forzadas y asesinatos en la llamada guerra sucia. “La historia lo juzgará y lo tendrá como el peor represor de México”, aseveró Víctor Guerra, abogado del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y quien fuera brigadista en el movimiento estudiantil de ese año.
En entrevista, aseguró que el ex presidente falleció “en calidad de imputado en dos delitos de gravedad, sobre todo el de genocidio que es de lesa humanidad y que en ningún momento prescribe”, por la matanza del 68, y de homicidio simple por los estudiantes que perdieron la vida en 1971.
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Además, el caso del halconazo “aún está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que en México las instancias de justicia se cerraron al decretar que eso no había sido genocidio sino homicidio simple y que por tanto ya había prescrito el delito y no se le podía enjuiciar”, sostuvo.
Echeverría Álvarez “muere en un estado de impunidad avalado por las instancias de gobierno y de procuración de justicia”, manifestó Guerra.
“Con su muerte evade la justicia y con la complicidad de la Procuraduría General de la República, en su momento, y ahora de la Fiscalía, que desde el 2009 hasta la fecha no hicieron ninguna indagatoria para continuar la investigación y esto era una obligación constitucional”, afirmó.
Declaró que “la historia nos los dice con claridad, Echeverría fue un presidente que tuvo una actitud autoritaria frente al pueblo de México, por lo que respecta a todos los movimientos sociales que reprimió, persiguió. Sabemos todo este periodo de la guerra sucia donde hubo ejecuciones extrajudiciales, donde en vez de detener a los presuntos delincuentes, que ellos consideraban que eran personas que tomaron la vía armada como un medio para poder obtener justicia en México, pues fueron perseguidos y de alguna manera sin ningún proceso legal”.
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El litigante aseguró que a pesar de la muerte del ex presidente, las víctimas seguirán luchando “por que se castigue a los que aún están con vida, porque esto no quede en un estado de impunidad. Llevamos 52 años luchando y las instancias de procuración de justicia no hacen lo correspondiente para poder integrar las carpetas o averiguaciones previas para castigar a los responsables”.
“Hay muchos personajes todavía vivos que tienen responsabilidad penal en estos asuntos y que tienen que ser enjuiciados y perseguidos… como gente del batallón olimpia, que eran jóvenes en el 68, como los militares que intervinieron también en el 68 al mando de Toledo, y el 10 de junio el grupo de los halcones, que todavía algunos se han atrevido inclusive a declarar a los medios, que han reconocido su participación bajo el mando de Díaz Escobar”, expuso.
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