Jared Laureles
A través de un recurso de revisión, el gobierno de México impugnará la resolución del juzgado sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, luego de que concedió un amparo a la trasnacional Monsanto contra el decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y elimina gradualmente el uso del glifosato a más tardar en 2024, anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En tanto, la Campaña Nacional sin Maíz no hay País hizo “un enérgico extrañamiento” a la resolución del juez Francisco Javier Rebolledo Peña, quien declaró inconstitucional el decreto publicado en diciembre de 2020 que permite al fabricante de semillas genéticamente modificadas Monsanto utilizar glifosato y mantener los permisos para su importación.
Dicha resolución “parece haber sido concedida a modo y a favor de los intereses de Bayer-Monsanto, empresa que ha afectado la salud de millones de personas en el mundo”, señaló, al tiempo de considerar que se trata de una sentencia “llena de argumentos formalistas con un deficiente manejo de estándares de derechos humanos y del medio ambiente”.
Por ejemplo, indicó, Rebolledo Peña cita el principio precautorio en diversos lugares, pero “lo interpreta de manera errónea”. Incumplió su obligación constitucional de proteger los derechos humanos de la población mexicana, como a la salud y al medio ambiente sano; tampoco lo hizo con los tratados y principios internacionales en materia ambiental, puntualizó la campaña nacional.
El juzgador, resaltó, reconoce que la autoridad le aportó bibliografía y artículos científicos sobre lo que él califica de “posible riesgo” del glifosato y el maíz transgénico; sin embargo, señaló el colectivo, “sin un argumento jurídico robusto, decidió ignorarlos y antepuso los intereses de la empresa quejosa a los derechos humanos de la población”.
La OMS, dijo, identificó que dicha sustancia química como probable cancerígeno en humanos. Además, Monsanto ha enfrentado en Estados Unidos unas 125 mil demandas judiciales y “ha buscado llegar a acuerdos millonarios para que desistan”, pero cerca de 31 mil querellantes aún pueden buscar compensación por haber desarrollado cáncer después de usar el glifosato, apuntó el colectivo.
La Semarnat señaló que la decisión del juez no es definitiva y sólo beneficia a una empresa privada transnacional. El caso se turnará a un tribunal colegiado para que resuelva si confirma o revoca la sentencia.
Ante la “estrategia jurídica avasalladora” de Monsanto, las agrupaciones que integran la campaña nacional exigieron a las autoridades federales reforzar la fundamentación con el fin de sustentar “de manera contundente los riesgos y repercusiones a la salud y al ambiente”, a causa del uso del glifosato y el maíz transgénico.
El juez Rebolledo Peña concedió en mayo de 2021 una suspensión provisional a Monsanto, para eximirla de la aplicación del decreto, pero tal decisión fue revocada.
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