Laura Gómez Flores
Tras más de 25 horas de audiencia, un juez de control decidió vincular a proceso a ocho ex funcionarios por su presunta participación en los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad, todos culposos, tras el colapso de la Línea 12, entre ellos al ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
Por el momento, falta la audiencia para ratificar o cambiar las medidas cautelares que les impuso la semana pasada, como la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas, salir del país sin autorización y el plazo para la investigación complementaria.
Los vinculados son, además de Enrique Horcasitas, Juan Antonio Giral, ex director de construcción de obras civiles, y Moisés Guerrero, ex director de diseño y obras civiles del Proyecto Metro.
Además, Enrique Baker Díaz, subdirector de estructuras e ingeniería; Juan Carlos Alvarado, residente de obra adscrito al proyecto de la línea 12, y Fernando Ramiro Lalana, auxiliar de la administración pública como director responsable de obra.
Otros son Ricardo Pérez Ruiz, encargado de estructuras, y Fernando Amezcua, representante de las empresas Lumbreras y Túneles (Lytsa) y de Ingeniería, Asesoría y Consultoría (Iacsa).
Teófilo Benítez, abogado de 13 de las víctimas, informó que plantearán el cambio de las medidas cautelares por la colocación de un brazalete -ya que enfrentarán el proceso en libertad-, y en la investigación complementaria buscarán que se reclasifiquen los delitos de culposo a doloso. Asimismo, impulsarán una acción privada para imputar también a las empresas Carso e ICA.
Dicho ejercicio se aplicaría en el caso de la ex directora del Metro Florencia Serranía, “si el Ministerio Público sigue evitando que declare, ya que existe la orden de un juez y se encuentra en desacato”, dijo en uno de los cuatro recesos que hubo.
Tres de los ocho imputados declararon en la audiencia y el resto se reservó su derecho a hacerlo.
Integrantes del PAN en el Congreso local ingresaron una solicitud de investigación ante la FGJ contra la agente del Ministerio Público Luz María Alcántara, por impedir que la ex directora del Metro Florencia Serranía declare.
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