Opinión
La Jornada Maya
26/10/2026 | Mérida, Yucatán
Varias agrupaciones de transportistas de carga realizaron al unísono, este lunes, bloqueos carreteros en 19 estados del país, lo que produjo alteraciones a la comunicación habitual por estas vías. El motivo circunstancial sería el reciente anuncio de que se dejarán de admitir pagos en efectivo en las casetas de peaje, sin embargo, lo que asomó fue una diversidad de reclamos que van más allá de lo económico y/o fiscal.
Según la Secretaría de Gobernación (Segob), las movilizaciones resultaron en 38 puntos de manifestación y contaron con la participación de 691 vehículos y 858 personas. En apariencia, resulta un acto pequeño, pero debe tenerse en cuenta que se trató de cierres de puntos estratégicos, como las entradas a las capitales o en vías que destacan por la alta intensidad de su circulación.
Los cortes se tradujeron en la interrupción del transporte de mercancías, así como de traslados para actividades comerciales e industriales. Los retrasos también revelaron la importancia que tienen las carreteras, con todo y la restructuración de los ferrocarriles que se lleva a cabo desde el pasado sexenio. El traslado de carga por medio de camiones es clave cuando lo que se lleva son productos alimenticios que requieren refrigeración o medicamentos.
Y precisamente, por eso mismo es que el sector del transporte por carretera exige mayor seguridad, mejores condiciones de infraestructura y atención a problemas específicos. Entre estos están los seguros, que no siempre responden cuando hay robos o pérdidas por fallas mecánicas; estas últimas también resultantes del estado de las vías. En cuanto a los asaltos, los mismos transportistas reconocen que son menos en comparación con años pasados, pero lo que ha aumentado es la violencia en ellos.
La suma de riesgos simplemente añade costos al transporte de mercancías; la consecuencia es un incremento injustificado en el precio final, que termina pagando el consumidor. A ello debemos sumar otros motivos de las protestas: el precio por el servicio de gruas en caso de accidente o desperfectos que, como se mencionó antes, también son producidos por el estado de las carreteras, y la eliminación de un beneficio fiscal en peajes, que fue aprobado en el presupuesto de ingresos 2027.
La Federación ha respondido en lo que respecta precisamente al ámbito fiscal. En un comunicado, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estableció que el estímulo de acreditamiento de peajes contra el Impuesto sobre la Renta (ISR) estará focalizado en 2027 en las empresas con ingresos anuales de hasta 250 millones de pesos, lo que se traduce en su aplicación solamente al 6 por ciento de los contribuyentes del sector transportista.
Lo que se ha hecho, según la dependencia, es solamente “calibrar” el estímulo, pero su eliminación afecta a 170 empresas, que superan el monto de 250 millones de pesos en sus ingresos anuales.
Pero han quedado pendientes los reclamos vinculados con la seguridad para los conductores y el estado de las carreteras. En cuanto a lo primero, se han dejado escuchar acusaciones contra las corporaciones de los tres niveles de gobierno, algo a lo que debe prestarse atención y combatirse. En cuanto a la conservación de los caminos, también deben revisarse los programas de mantenimiento. Recorrer el país no debiera ser una apuesta en la que va de por medio la vida.
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Edición: Estefanía Cardeña
