Luego de que se alertara a la población del municipio de Cumpas, Sonora, sobre la presencia de un ejemplar de oso negro en las calles, pobladores de la zona capturaron y mataron al animal.
A través de redes sociales circularon videos en los que se veía al osezno correr por las calles de Cumpas, por lo que el presidente municipal, Diego Urias Varela, alertó a los vecinos para que no entren en pánico.
“Ciudadanos de nuestro municipio les pido evitar de caer en pánico debido a que anda circulando este video en las redes de un oso negro que entró a nuestro pueblo de Cumpas, sabemos que es un animal endémico de nuestra región y estamos trabajando en capturarlo, les recomiendo cerrar puertas y ventanas sin caer en pánico”, publicó el alcalde acompañado del video donde se aprecia al oso.
Sin embargo, horas más tarde y también a través de redes sociales se reportó la muerte del animal en manos de los pobladores.
El alcalde aseguró que él no dio la orden de sacrificar al animal y anunció que las autoridades ya investigan quiénes fueron los responsables.
“Desconocemos quién o quiénes le dieron muerte a este animal y Seguridad Pública ya lo está investigando… les repito, jamás di orden que se sacrificara este animal pues mi convicción es siempre y será a favor de los seres vivos”, compartió el funcionario.
Al respecto, Carolina Araiza, titular de la dirección de Protección y Bienestar Animal de Sonora, anunció que el Ministerio Público ya investiga los hechos que culminaron con la muerte del oso.
“No podemos ni debemos tolerar este tipo de actos; hay medios y formas de manejar -por gente experta- este tipo de animales sin lastimarlos”, dijo en su cuenta de Facebook.
Lee también: Vinculan a proceso a siete personas por muerte de osezna en Coahuila
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada