Patricia Gutiérrez Rodríguez
Práctica recurrente en el estado de Puebla es que los desarrolladores inmobiliarios se conviertan en miembros de núcleos agrarios para obtener tierras y allí construir fraccionamientos o plazas comerciales, evadiendo así trámites y responsabilidades.
En las zonas urbanas de los municipios de Puebla, Tehuacán y Atlixco se edifican unidades habitacionales –algunas de lujo extremo– en superficies que siguen apareciendo en los registros como terrenos ejidales.
De acuerdo con especialistas consultados por La Jornada, no existe en el estado una actualización de las hectáreas que han sido desincorporadas de la propiedad ejidal y utilizadas para fines distintos a los agrícolas. Al mismo tiempo, prevalece una situación de corrupción por parte de los comisarios, quienes facilitan la venta de predios, pero sin cambiar su régimen jurídico.
Ejemplo emblemático es la reciente incorporación del empresario Rafael Posada Alonso como ejidatario de Ocoyucan, quien fue comisionado por el Grupo Proyecta para construir Lomas de Angelópolis, un desarrollo urbano para clase media alta, con más de 100 mil habitantes, para el que se adquirieron más de mil hectáreas que eran propiedad social, según estimó el activista Hilario Alonso Flores.
Añadió que dicha agrupación ha recurrido a la amenaza, el engaño y despojo de terrenos para continuar su expansión y cuando la gente se resiste a vender, compra las tierras que hay alrededor para impedirle el acceso a su parcela.
Todo ello, señaló, lo ha perpetrado con la colusión de comisarios ejidales, a quienes les ha pagado para “comprar conciencias”, además de que da compensaciones a los ejidatarios para que acudan a las asambleas y voten en el sentido que se les dicte.
Alonso Flores manifestó que esto quedó corroborado con la inscripción de Posada Alonso y de otros habitantes de Lomas de Angelópolis (que se presume son sus familiares), al padrón de ejidatarios de Santa María Malacatepec, que forma parte de Ocoyucan.
Así, dijo, Rafael Posada y sus afines votan y deciden la venta de los terrenos ejidales; “lo que hacen es controlar y convertir a los comisarios ejidales prácticamente en sus representantes, en sus promotores de la compra de tierras y después supongo que les deben dar sus comisiones”, recalcó.
Hilario Alonso afirmó que este grupo también han contado con la complicidad de notarios públicos y detalló que por la adquisición de 245 hectáreas de la comunidad agraria de Malacatepec pagó entre 780 mil y un millón 150 mil pesos a cada ejidatario.
Lomas de Angelópolis cuenta con centros comerciales y de servicios propios, además de que ya es el área que genera mayor empleo en Puebla, por encima de la empresa Volkswagen. Su ampliación ha sido cuestionada por ambientalistas, urbanistas y por pobladores que forman parte del Campamento de Resistencia y Lucha en Defensa de la Tierra y Agua de Malacatepec.
Los inconformes reprochan que se construye sin planeación urbana y mediante prácticas abusivas, pues se expanden sin permiso para obligar a la gente a venderles sus terrenos o negociar un pago menor por éstos porque ya están ocupados.
Los datos del Registro Agrario Nacional refieren que en 1992 había mil 81 ejidos en el estado de Puebla y a septiembre de 2022 se reportan mil 79, es decir, que dos pasaron a dominio pleno. La superficie de los mismos disminuyó de un millón 257 mil 32 hectáreas a un millón 212 mil 948; la variación a la baja fue de 44 mil 84 hectáreas.
En tanto, las comunidades agrarias hace 30 años eran 111 y abarcaban 411 mil 484 hectáreas; mientras, hasta el mes pasado había registradas 127, con un total de 339 mil 891 hectáreas, lo que se traduce en 71 mil 593 hectáreas menos.
Una hipótesis de los especialistas es que como generalmente los juicios en el derecho agrario son largos, varias comunidades lograron que se les reconociera en el citado lapso, pero “por alguna razón” perdieron parte de su territorio.
Los expertos acotaron que, aunque no hay información actualizada de la propiedad social en la entidad, recién se inició el Censo Agropecuario 2022, que podría dar una idea más clara de la existencia y merma de las propiedades ejidales y comunales.
Esta nota es parte de un especial denominado ‘Ecos de la contrarreforma agraria’, lee las otras entregas:
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Edición: Ana Ordaz
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