Eduardo Murillo
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal dictara una nueva orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, ahora por el delito de enriquecimiento ilícito, al haberse comprobado que tiene propiedades y cuentas bancarias por 27 millones de pesos, que no corresponden con sus ingresos como funcionario.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, dictó la nueva solicitud de detención, luego de que una primera orden en ese sentido fue dejada insubsistente el 27 de noviembre de 2020, tras lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) apeló mediante un amparo.
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Fue precisamente por esta vía que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó revisar la petición de la FGR, por lo que se dictó esta nueva orden de aprehensión contra García Luna.
La expedición de esta orden se dio a conocer mediante estrados judiciales, donde la jueza Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, fue notificada de la decisión judicial.
En el acuerdo se señala que el juez de control “precisó los ingresos o percepciones de Genaro García Luna, así como el aumento en su haber patrimonial. Se pronunció de manera clara y precisa en relación a los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales para el libramiento de la orden de aprehensión”.
Otras juicios pendientes en México
Genaro García Luna aún tiene pendientes dos juicios en México, por lo cual se mantiene el procedimiento para su extradición a nuestro país, para cuando termine su proceso en Nueva York, Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón tiene juicios abiertos en tribunales nacionales que no tienen relación con el que ya se le sigue en el vecino país.
El primero de ellos es por el caso Rápido y furioso, en el que, junto con otras autoridades mexicanas y estadunidenses, permitieron la entrada ilegal a nuestro territorio de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, que fueron utilizadas por grupos delincuenciales “causando un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia”, señaló la FGR.
La segunda orden de aprehensión contra García Luna es por el caso de la privatización de los centros federales de readaptación social (Ceferesos), en la que el gobierno federal aceptó contratos leoninos con empresas privadas para la construcción y administración de cárceles, las cuales no se necesitaban y por las que se pagaron cantidades millonarias.
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