La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer que prosigue las gestiones necesarias ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante el gobierno de Estados Unidos para lograr la extradición del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien es sujeto a un proceso legal en el país vecino por acusaciones de narcotráfico y delincuencia organizada.
A decir de la dependencia federal, García Luna tiene pendientes aquí dos cargos diferentes a los que se le imputan en una corte de Nueva York: el primero está relacionado con el contrabando de armas de fuego de alto poder –en un operativo que se denominó Rápido y furioso– con destino al cártel del Pacífico por parte del gobierno estadunidense, y en el que cabe presumir la complicidad del ex funcionario mexicano; ese acto ilícito, señaló la FGR, provocó “un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia”.
La segunda orden de aprehensión es por la abultadísima corrupción que rodeó la privatización de las cárceles federales en el sexenio de Felipe Calderón, que fue cuando García Luna se desempeñó como responsable de la seguridad pública del país.
La participación del acusado en ese proceso “fue fundamental para generar un daño patrimonial inmenso y una serie de responsabilidades penales al respecto”, señaló la FGR.
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Por otra parte, la fiscalía realiza otras dos investigaciones en contra de García Luna, una de las cuales podría referirse a los graves desfalcos al erario perpetrados desde la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La información mencionada obliga a recordar que hasta la fecha, y a pesar de la espectacularidad del juicio de Nueva York, García Luna y sus posibles cómplices permanecen impunes en nuestro país por los numerosos crímenes cometidos desde la SSP.
La presumible complicidad con el narcotráfico, la actitud omisa ante el contrabando de armas estadunidenses y la inocultable corrupción que aceitó los contratos de esa dependencia con numerosos proveedores –habría que citar, por ejemplo, la completa estafa de los “detectores moleculares” adquiridos por el gobierno federal calderonista– son, sin duda, delitos graves, no los aspectos más graves, lesivos y oprobiosos de ese sexenio.
En efecto, lo peor que García Luna y su ex jefe Felipe Calderón le hicieron al país fue sumirlo en una “guerra”, como la denominaron ellos mismos, que en realidad no era contra la delincuencia ni contra el tráfico de estupefacientes, sino contra la población misma, como quedó de manifiesto durante la ocupación militar de Ciudad Juárez, ordenada por el propio Calderón.
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Al calor de esa “guerra” proliferaron las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades –torturas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas–, se agudizó la violencia delictiva y las facciones criminales adquirieron un poder de fuego hasta entonces inimaginable y hasta respaldo social en extensas regiones.
Esa estrategia criminal colocó al país en una espiral de descomposición y violencia cuyos impactos perduran hasta la fecha, propició el envilecimiento institucional y social y alteró de manera perdurable el quehacer nacional.
Por arduo que resulte demostrarlo en el terreno legal, los actos ilícitos presumibles de García Luna en México son, en suma, crímenes de lesa humanidad y por ellos debería ser procesado en el país, en un juicio en el que no sería el único ocupante en el sitio de los acusados.
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