Caso Ayotzinapa: Vinculan a proceso Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe antisecuestros de la FGR

El ex fiscal antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR) fue vinculado a proceso por la presunta comisión de desaparición forzada y actos de tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, para que declarara ser uno de líderes regionales de Guerreros Unidos y de estar relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusaciones de las que fue absuelto.

Rodríguez Salgado fue puesto a disposición de un juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde se radica la causa penal por delitos de lesa humanidad en contra de varios ex funcionarios de esa institución, entre ellos su ex titular, Jesús Murillo Karam, ilícitos que habrían cometido al intentar sostener la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.

Gualberto Ramírez Gutiérrez permanecerá en prisión preventiva justificada. De ser declarado culpable por estos cargos alcanzaría una pena mínima de 16 años de prisión y una máxima de 71.

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Ramírez Gutiérrez fue aprehendido en el municipio de Tecámac, Estado de México, el domingo a las 11:15 de la mañana, por parte de agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), en cumplimiento de la orden de aprehensión que tenía pendiente.

Según las investigaciones de la FGR, el ex jefe antisecuestros habría participado, junto con Murillo Karam, en una “empresa criminal” cuyo objetivo era cerrar el Caso Ayotzinapa cuanto antes, para lo cual habrían recurrido a la tortura y a la desaparición forzada para hacer que los detenidos por estas investigaciones se confesaran culpables.

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Al comparecer ante el juez Juan José Hernández Leyva en la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, el ex funcionario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica será determinada hasta el primero de julio próximo.

La causa penal por la que se procedió contra Ramírez Gutiérrez es la 148/2021, la misma por la que se fincaron cargos similares al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Todos ellos habrían actuado en conjunto para manipular pruebas y obligar a los detenidos a confesarse culpables, con el fin de hacer que su teoría de la “verdad histórica” se tuviera como cierta en el Caso Ayotzinapa.

Durante la audiencia, el juez Hernández Leyva afirmó que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas es de trascendencia nacional y sigue lacerando a la sociedad. Añadió que conocer la verdad de estos hechos es un derecho y que en ello reside la importancia de este juicio.

Los agentes del Ministerio Público que presentaron el caso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvieron que el ex funcionario tenia conocimiento de la tortura a la que fueron sometidos los detenidos y, sin embargo, no tuvo reparo en que se les hiciera sufrir para obtener información.

Aunque la defensa de Ramírez Hernández pidió que su cliente pudiera seguir el juicio en libertad, la FGR argumentó que el ex funcionario cuenta con siete domicilios, de los cuales solo se le confirmaron dos, además de que fue notificado por escrito de las acusaciones en su contra desde el año 2021 y nunca se presentó a declarar.

Por ello, el juez concedió la medida cautelar de prisión preventiva, debido a que es real el riesgo de que se fugue para evadir la acción de la justicia.
 

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Edición: Emilio Gómez