Dictan formal prisión contra ocho militares vinculados a Caso Ayotzinapa

Con información de Ap

La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, Estado de México, decretó la formal prisión en contra de los ocho militares acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos.

Los militares que serán juzgados por su posible vinculación al delito de desaparición forzada son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

Durante la audiencia la Fiscalía General de la República (FGR) pidió que declarara “Juan” testigo protegido y líder de Guerreros Unidos, quien afirmó que los militares “no auxiliaron a los estudiantes” para evitar que fueran secuestrados y posteriormente desaparecidos.

Se utilizó como parte de los argumentos que los militares que acudieron a la Clínica Cristina, donde se llevó a algunos de los normalistas heridos, trataron mal a los estudiantes que ahí se encontraban, cabe señalar que ninguno de esos alumnos de la Normal Isidro Burgos resultó desaparecido.

A pregunta expresa sobre si sabía qué militares colaboraban con Guerreros Unidos, “Juan” afirmó que todos los que salieron del cuartel de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron detenidos por el grupo criminal, que posteriormente los desapareció.

 ocho soldados, que fueron detenidos la semana pasada, permanecerán en la prisión del Campo Militar No. 1, luego de comparecer por videoconferencia a la audiencia de la jueza Duarte Cedillo.

En su cuenta de Twitter, el subsecretario de DH de Segob, Alejandro Encinas confirmó la noticia previo a la marcha que mes a mes llevan a cabo los familiares de los alumnos desaparecidos del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Se dio a conocer además que el ex titular de la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, fue puesto a disposición de un juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde se radica la causa penal por delitos de lesa humanidad y coalición de servidores públicos en contra de varios ex funcionarios de esa institución, entre ellos quien fuera su titular, Jesús Murillo Karam, ilícitos que habrían cometido al intentar sostener la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa.

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El ex funcionario fue detenido el domingo en cumplimiento de una orden de aprehensión que tenía pendiente por desaparición forzada, tortura, intervención de comunicaciones privadas y colusión de servidores públicos, por estos cargos alcanzaría una pena mínima de 16 años de prisión y una máxima de 71. Su situación jurídica será determinada hasta el próximo primero de julio. Mientras tanto, seguirá en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

La causa penal por la que se procedió contra Ramírez Gutiérrez es la 148/2021, la misma por la que se fincaron delitos similares al es procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

Todos los ex funcionarios habrían actuado en conjunto para manipular pruebas y obligar a detenidos a confesarse culpables, con el fin de hacer que su teoría de la “verdad histórica” se tuviera como cierta en el Caso Ayotzinapa.

El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y de miembros del crimen organizado. Todavía se desconoce el destino final de los jóvenes aunque se han recuperado pequeños restos óseos de tres de los alumnos.

Según la actual Fiscalía, miembros de las Fuerzas Armadas participaron directamente en los hechos y presuntamente también en actividades posteriores de ocultación de datos y obstrucción a la justicia.

Las numerosas irregularidades registradas en la investigación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hicieron que muchas acusaciones se cayeran por violaciones al debido proceso y que algunos de los implicados quedaran libres. Uno de los últimos en ser exonerado —aunque sigue en la cárcel por otros delitos— fue José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala cuando ocurrieron los hechos.

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El involucrado de mayor rango que está en prisión es el entonces procurador general Jesús Murillo Karam que está siendo procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia al ser considerado por la actual Fiscalía como quien inventó la versión oficial del anterior gobierno para encubrir la verdad.

Edición: Estefanía Cardeña