Alonso Urrutia, Emir Olivares, Gustavo Castillo García y Rolando Medrano
El subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, informó que en el caso del asesinato del corresponsal de La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez, se siguen varias líneas de investigación, siendo la principal su labor periodística.
Indicó que la Fiscalía General de Justicia del estado trabaja en coordinación con la Comisión Nacional Antisecuestro de la SSP.
Sin abundar más, dijo que fue secuestrado la semana pasada y su cuerpo fue localizado en la comunidad del Ahuacate, en el municipio de Tepic el sábado.
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Mencionó que con el colaborador de La Jornada son dos los periodistas que han sido asesinados en este año.
Van más de siete cateos en zona de última conexión de Luis Martín Sánchez
Las autoridades federales y la Fiscalía General de Justicia de Nayarit ya cuentan con información de la zona en la cual se registró la última conexión del teléfono de Sánchez Íñiguez, antes de ser asesinado por sus captores.
En ese contexto, el titular del Ministerio Público nayarita señaló que por la manera en que los restos del informador fueron abandonados (embolsado y con un cartel pegado), en la comunidad del Ahuacate, “pudo tratarse de una simulación para desviar la investigación de las instituciones ministeriales y no dar con el verdadero responsable”.
Consultado por La Jornada, el fiscal nayarita indicó que del sábado a la fecha han realizado más de siete cateos en una zona donde se considera que fue el último punto donde tuvo conexión el teléfono celular de Sánchez Íñiguez; asimismo, que no se han llevado a cabo detenciones de posibles involucrados en el homicidio.
Además, puntualizó que las indagatorias se realizan en un “punto diametralmente distinto” a la comunidad del Ahuacate, donde fueron dejados los restos del corresponsal de este diario.
En torno a los dos periodistas que habían sido plagiados entre el 3 y el 7 de julio, que presuntamente tendrían relación con el secuestro y homicidio de Sánchez Íñiguez, y fueron liberados en buen estado de salud, el titular de la fiscalía estatal dijo a La Jornada que tanto Osiris Maldonado de la Paz como Jonathan Lora Ramírez se negaron a presentar una denuncia contra sus victimarios y declararon –cada uno en su respectiva comparecencia– que su caso “se trató de cuestiones personales. Uno de ellos concretamente por celos. Pero no quisieron dar mayores datos de cómo los mantuvieron en cautiverio”.
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Durante una reunión con reporteros, el fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano señaló que, por esa posibilidad de ser una simulación que desvíe la atención de las autoridades, se tiene “que esclarecer, porque un crimen nunca lo cometen de manera diáfana. Hay que entender que estamos tratando con personas que infringen la ley y, en pocas palabras, con delincuentes.
Aseguró que con base en las pruebas y entrevistas, y en los datos aportados por compañías telefónicas, se busca precisar cuál fue el último sitio donde estuvieron los tres periodistas y para ello se ha realizado, “fácil, una centena de actos de investigación”.
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