Fabiola Martínez
Con votación dividida, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) fijó el periodo de precampañas federales del 20 de noviembre próximo al 18 de enero de 2024. Esta modificación, respecto del periodo original, recortará el tiempo para la fiscalización de ingresos y gastos de los contendientes.
Cinco de los once consejeros dijeron que tal escenario es un riesgo para la calidad de la fiscalización.
El INE había propuesto inicialmente que las precampañas federales (Presidente, diputados y senadores, en total 629 cargos) iniciara el 5 de noviembre –y concluyera 60 días después– pero el Tribunal Electoral le ordenó recorrer el inicio a la tercer semana de ese mes.
La ley prevé que al término del periodo de precampañas, los aspirantes entreguen de inmediato su reporte, a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) haga la indagatoria y envíe el proyecto a la Comisión del ramo y luego a consejo general.
El cambio de las fechas de la precampaña y la entrega de reportes toma relevancia porque la omisión de los informes o el rebase de tope de gastos es causal de cancelación de la candidatura. Es decir, la fiscalización debe estar aprobada antes del inicio de las campañas.
“Originalmente teníamos 57 días para hacer la fiscalización y ahora vamos a tener 40 días para hacer todo el trabajo; en particular se redujeron algunos días de revisión en la Comisión de Fiscalización y en el consejo general.
“Por ejemplo, según lo que dice el artículo 80 de la Ley de Partidos Políticos, nosotros (en la Comisión de Fiscalización) tenemos seis días para hacer revisión y se redujeron a dos. Eso es lo más drástico”, advirtió en entrevista la consejera Dania Ravel.
En una votación atípica –comparada con las que han prevalecido desde abril pasado– esta vez el consejero Arturo Castillo coincidió con sus colegas Guadalupe Taddei (presidenta), Norma de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas, quienes hicieron énfasis que si bien se coloca el margen de 60 días de precampaña, los partidos están en libertad de reducir ese plazo, según sus dinámicas internas.
“No es potestad de este Instituto, sino de los partidos políticos, si participan o no 60 días de precampaña. (Optamos por) la salvaguarda, por encima de todo, de los derechos de los partidos políticos”, indicó Taddei en la mesa del consejo.
En tanto, si bien Castillo subrayó que los plazos son muy pequeños y “pueden poner en riesgo la profundidad y la calidad con la que esta autoridad va a hacer la revisión de los informes”, una alternativa –que finalmente fue aprobada– es colocar una salvaguarda para que cuando la UTF se vea rebasada lo informe de inmediato al consejo general para que se tomen las medidas correspondientes (y eventualmente se amplíe unos días el plazo).
Igualmente, en una situación poco común, los representantes de los partidos políticos estuvieron de acuerdo con que les dieran el margen de hasta 60 días.
La orden del Tribunal partió de una denuncia de Movimiento Ciudadano, cuyo representante en el INE, Juan Miguel Castro, hizo notar que su partido fue el único que esperó al tiempo que marca la ley para hacer las precampañas.
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