Con 78 votos a favor y 39 en contra, el Senado aprobó la convocatoria para iniciar el proceso que concluirá el primer domingo de junio de 2025 con la elección de los primeros 881 ministros, magistrados y jueces, integrantes del Poder Judicial.
Con el voto en contra de la oposición que se negó a avalar la convocatoria porque forma parte de un proceso que ha sido impugnado, la mayoría morenista y sus aliados en el Senado, cumplieron con lo establecido en la reforma judicial que fijó como plazo máximo el 16 de octubre para emitirla.
Con la emisión de la convocatoria, los integrantes del Poder Judicial que resultaron insaculados en tómbola, deberán decidir si participarán en la elección o declinarán, así como los nuevos aspirantes que quieran ocupar un cargo judicial mediante el voto popular.
Se precisa que en la elección extraordinaria del próximo primer domingo de junio del 2025, se eligirán a través del voto popular los cargos de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los que cinco deberán ser mujeres y cuatro varones.
Además, tres magistradas y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 10 magistrados y cinco magistrados de la salas regionales de ese mismo tribunal. Asimismo, la mitad del total de jueces y magistrados.
De éstos últimos, las plazas de 464 Tribunales Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación y de 386 de jueces de distrito.
La convocatoria establece asimismo que en la postulación y en la asignación de esos cargos se garantizará la paridad de género y territorial respectivo correspondiente a cada uno de ellos .
Se fijan plazos, entre ellos que cada uno de los Poderes de la Unión instalen sus respectivos comités de evaluación, a más tardar el próximo 31 de octubre de este año y que el registro de quienes aspiren a un cargo será del 5 al 24 de noviembre próximo.
En un artículo transitorio se ordena solicitar al ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, asignar este año una partida presupuestal complementaria al Instituto Nacional Electoral (INE) para que lleve a cabo la organización y desarrollo del proceso electoral previsto, además de considerar el presupuesto requerido en el 2025 para eso comicios.
En conferencia de prensa, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, comentó que los recursos saldrán de los fideicomisos del poder judicial que fueron eliminados, a excepción del que atiende las prestaciones de los trabajadores.
