Lilian Hernández y Georgina Saldierna
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial porque están bajo una investigación de la FGR, por tener vínculos con grupos del crimen organizado y por no haber obtenido una calificación mínima de 8 en su promedio de licenciatura.
A menos de un mes de que se lleve a cabo la jornada electoral judicial, las solicitudes de cancelación de estas candidaturas fueron presentadas ante el órgano electoral, quien deberá emitir una resolución al respecto.
En dos de los tres documentos entregados a la autoridad electoral administrativa, los presidentes de ambas cámaras señalan que 18 candidatos no cumplen con el requisito constitucional de elegibilidad previsto en la fracción IV del artículo 95 y fracción III del artículo 97 de la Constitución, ya que no gozan de buena reputación, ni “buena fama en el concepto público”, porque pesan sobre ellos investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) o porque detectaron que defendieron o liberaron a miembros del crimen organizado.
Los documentos detallan que en el caso de seis candidatos existen carpetas de investigación en su contra por delitos como abuso sexual; lesiones y amenazas; peculado; delincuencia organizada; órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud y por fungir como abogados defensores de miembros del Cártel de Sinaloa por los delitos de secuestro contra la salud, posesión de armas y cartuchos exclusivos del ejército.
Los seis candidatos que están bajo investigación de la FGR son: Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, candidato a magistrado de circuito en Puebla; Ángel Villegas Cortés, candidato a juez de distrito en Veracruz; Noel Castro Melgar, candidato a juez de distrito en Ciudad de México, Arturo César Morales Ramírez, candidato a magistrado de circuito en CDMX; Jesús Karina Almada Rábago, candidata a jueza de distrito en Sonora, y María de Jesús López Guzmán, candidata a jueza de distrito en Chiapas.
En otro documento, los legisladores Gutiérrez Luna y Fernández Noroña enlistan a otros 12 aspirantes a cargos del Poder Judicial que no gozan de buena reputación y por tanto no cumplen con el requisito de idoneidad, ya que fueron abogados defensores de integrantes de grupos de la delincuencia organizada, porque concedieron libertad indebida a personas que se dedican al narcotráfico, son acusados de abuso sexual, de portación de arma de fuego y delitos contra la salud o por desaparición forzada.
Los nombres que señalan son: Fernando Escamilla; Jesús Padilla; Diana Monserrat Partida; Julio Veredín; Aníbal Castro; Conrado Alcalá; Enrique Hernández; Francisco Herrera, Francisco Martín Hernández, Edgar Rodríguez; Andrés Montoya y Leopoldo Javier.
“De no cancelar los registros de dichas candidaturas, se comprometería gravemente la función jurisdiccional al concretarse posibles conflictos de interés y evidente idoneidad para desempeñar los cargos judiciales de elección popular”, advierten los documentos.
En tanto, otros ocho candidatos no cumplieron con el promedio general de calificación en licenciatura de cuando menos ocho, quienes buscan ser magistrados de salas regionales del TEPJF, magistrados de circuito y jueces de distrito.
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