Por: Elio Henríquez
Policías estatales que investigaban el paradero de un niño de dos años detectaron y desmantelaron una red de tratantes de menores que operaba en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Los presuntos delincuentes, incluidas tres mujeres, tenían en su poder a 23 menores, entre ellos tres bebés, de tres, 12 y 20 meses, respectivamente, y los demás de entre dos y 15 años, quienes fueron puestos a salvo, informó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Luis Llaven Abarca.
Sin embargo, Dylan Esaú Gómez Pérez, robado en esta ciudad el 30 de junio pasado, sigue desaparecido. De acuerdo con testigos, una niña de 12 años se acercó al menor e hizo que se fuera con ella. La sustracción del menor tuvo lugar en el Mercado Popular del Sur (Merposur), de San Cristóbal, donde la madre y otros familiares son locatarios.
La madre del menor, Juana Pérez, viajó la víspera a la Ciudad de México y se plantó en la Plaza de la Constitución para pedir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Acompañada de un familiar y un abogado, la mujer mostró una manta en la que solicita al presidente: Ayúdame a encontrar a mi hijo Dylan.
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Llaven Abarca agregó que después de iniciarse la investigación, personal de la Fiscalía contra la Trata de Personas cateó un domicilio en el barrio Tlaxcala de San Cristóbal de Las Casas, donde fueron localizados los 23 menores, quienes eran obligados a vender artesanías en el centro de la ciudad, mediante violencia física y sicológica.
Especialistas que auscultaron a los niños dijeron que éstos padecen desnutrición y vivían en condiciones precarias y de riesgo.
Llaven Abarca dijo que las tres mujeres que custodiaban a los niños, identificadas como Maribel o María “N”, María Hortensia “N” y Juana “N”, fueron presentadas ante un agente del Ministerio Público y posteriormente ingresadas en el penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, en el centro del estado. Por el delito de de trata de personas en la modalidad de trabajo forzado podrían recibir una pena de hasta 30 años de cárcel.
El fiscal afirmó que los menores rescatados fueron atendidos por personal especializado de la FGE y posteriormente canalizados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema Estatal para el de Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Chiapas).
Subrayó que se les otorgará seguridad jurídica y resguardo, exceptuando de esta condición a los lactantes en atención al principio de la menor separación de la familia, privilegiando el interés superior de la niñez, derivado de su condición de infantes y su medio de alimentación.
Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la organización Melel Xojobal, que desde hace 23 años labora con niñas, niños y adolescentes trabajadores, reconoció la labor de la FGE, pero opinó que es necesario que siga investigando.
“Hay niños y adolescentes en condiciones muy precarias, pero no habíamos tenido información suficiente para decir que había grupos explotándolos. Sabemos también que, dadas las condiciones en que viven muchas familias, lamentablemente muchos menores pueden estar en esta situación de desprotección, con riesgos para su vida y su integridad”, expuso.
Comentó que, de acuerdo con el más reciente conteo realizado por esa organización, en 2016, en San Cristóbal de Las Casas, una de las principales ciudades turísticas de Chiapas, laboran en temporada alta 3 mil 500 niños y adolescentes, principalmente vendiendo artesanías.
Edición: Mirna Abreu
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