Andrea Becerril y Georgina Saldierna
En comisiones, el Senado aprobó las dos leyes secundarias de la reforma constitucional que otorga mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sobre todo en materia de investigación e inteligencia, a fin de que pueda cumplir con sus responsabilidad de combatir la delincuencia y garantizar la paz y justicia para todos los mexicanos.
Las minuta de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación en materia de Seguridad Pública fueron aprobadas, la primera con 20 votos a favor y cinco en contra y la segunda con 18 a favor y ocho en contra.
Esta última legislación, que crea la Subsecretaría de Inteligencia, en la SSPC, es la que generó el mayor número de críticas de toda la oposición, que insistió nuevamente en que lleva la intención de espiar a los ciudadanos, lo que fue rechazado por legislados de Morena y aliados.
En el dictamen aprobado se resalta que con esta ley se consolida un nuevo paradigma de seguridad que privilegia la prevención, la información estratégica y la cooperación institucional. La inteligencia deja de ser una función marginal para convertirse en el “cerebro del sistema de seguridad”.
Se fortalece el modelo de seguridad pública en México mediante un sistema nacional de inteligencia estratégica, capaz de prevenir y combatir eficazmente a los grupos criminales, con respeto a los derechos humanos y en apego al Estado de derecho.
Sin embargo, el priista Miguel Riquelme acusó que la ley consolida la militarización de la seguridad pública y permite el acceso sin restricciones a datos personales, creando un “Estado fisgón” con tintes autoritarios.
“Con estos cuerpos normativos que la mayoría impone, están construyendo una dictadura perfecta, disfrazada de modernización, donde la vigilancia masiva y la militarización serán los instrumentos para silenciar la disidencia y aplastar la esperanza. La libertad es el alma de México. Nuestra vida privada es un derecho sagrado que ninguna ley autoritaria debe violar”, sostuvo.
El panista Gustavo Sánchez alertó sobre la posibilidad de que autoridades accedan a bases de datos sin orden judicial, incluyendo información biométrica, fiscal, de salud y telecomunicaciones.
Igualmente, Alejandra Barrales, de MC, sostuvo que “por un lado invaden la privacidad de los mexicanos y, por otro, otorgan manga ancha a las autoridades para que, sin control alguno, puedan acceder a toda la información patrimonial, fiscal, financiera, registral, comercial y de comunicaciones que tengamos los mexicanos.
El coordinador priista, Manuel Añorve, reiteró que el dictamen equivale a instaurar un “Big Brother del bienestar” sin garantías para la ciudadanía.
Desde Morena, se rechazaron las críticas. “Sabíamos que iban a venir con el cuento del Estado espía. Lo que deben de entender es que lo que se va a acabar es el Estado espía y lo que nace es el Estado protector. Esta ley no es para perseguir a los de abajo, sino para investigar a quienes lucran con la violencia, el terror y el dinero manchado de sangre”, les contestó el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Su compañera de bancada, la senadora Verónica Camino Farjat respondió a los cuestionamientos opositores a la creación de la Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía, que el delito que no ha disminuido es la extorsión, que se realiza mayormente por vía telefónica.
Resaltó el papel que tendrá la Plataforma Central de Inteligencia con mayores medidas de seguridad para la información, el círculo virtuoso entre inteligencia y análisis criminal, que nos falta muchísimo.
Respecto a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que abroga “literalmente a la de 2019”, surge para “responder a los tiempos y problemáticas actuales”.
Fortalece, detalló, el sistema y otorga “un sustento jurídico al Gabinete federal de Seguridad Pública, dándole obligatoriedad, lo que también va a significar que cada uno de los estados adopte este mismo modelo y sea obligatorio”.
Ello debido a que “vemos estados de repente que los gobernadores no participan dentro de las reuniones de seguridad pública, pasan tres, cuatro meses y no se aparecen, y tampoco en sus estados se organizan este tipo de reuniones"
Se establece coordinación plena del Gabinete de Seguridad con entidades estatales y municipales para operativos conjuntos y evaluación regional.
Se reconoce que el crimen organizado en México opera con alta capacidad logística, económica y territorial, por lo que el Estado necesita un sistema de inteligencia anticipatoria, que detecte amenazas antes de que se materialicen.
El nuevo sistema permitirá integrar y coordinar datos de diversas dependencias, desde las fuerzas armadas hasta autoridades financieras, bajo principios de legalidad, interoperabilidad y control democrático.
Se prevé que esta estructura también fortalezca la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en temas como el tráfico de armas, drogas, personas y dinero, además de robustecer acuerdos como el Entendimiento Bicentenario.
Ambos dictámenes fueron turnados a la mesa directiva del Senado y se prevé que se voten en el pleno durante la sesión del martes.
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Edición: Fernando Sierra
El dictamen fue aprobado en lo general por 68 votos a favor y 35 en contra
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