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La Jornada
04/07/2025 | Ciudad de México
“Inviertan en el país”. Ese fue el mensaje central que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió a los principales empresarios del país durante una reunión celebrada anoche en Palacio Nacional, en la que se discutieron medidas para acelerar la consolidación del Plan México frente al panorama de desaceleración económica global.
“Hay muchas áreas de inversión donde ya tienen participación, pero hay otras en las que es importante que generen cadenas de valor con pequeñas y medianas empresas”, explicó la mandataria este viernes en su conferencia de prensa en Palacio Nacional. “En estos momentos, su compromiso con México debe notarse más”, añadió.
A la reunión acudieron líderes del sector privado como Carlos Slim (Grupo Carso), Daniel Servitje (Grupo Bimbo), Antonio Chedraui (Grupo Comercial Chedraui), Guadalupe de la Vega Arizpe (Grupo de la Vega), Salvador Daniel Kabbaz (Fibra Danhos) y Juan Pablo del Valle (Orbia), además de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Sheinbaum destacó que la economía mexicana mantiene estabilidad, con un peso fuerte y finanzas públicas sanas. Detalló que este año se ejercerá una inversión pública cercana a los 800 mil millones de pesos, además de una cifra similar destinada a programas de bienestar. Sin embargo, subrayó que “es muy importante que se potencie la inversión privada”.
La presidenta señaló que su gobierno mantiene diversas mesas de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para atender temas como energía, simplificación de trámites y atracción de inversiones. Los empresarios, dijo, expresaron preocupación por la lentitud en la emisión de permisos, por lo que el Ejecutivo buscará facilitar estos procesos “dentro del marco de la ley”.
México ha perdido gran parte de su soberanía farmacéutica: Svarch
Más de 80 por ciento de los medicamentos e insumos médicos utilizados en México son importados, a pesar de que la industria farmacéutica nacional representa un mercado de más de 3 mil 300 millones de dólares. Así lo señaló este viernes Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, al presentar un diagnóstico técnico sobre la pérdida de las capacidades productivas del país en este sector estratégico.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Svarch explicó que México ha perdido gran parte de su soberanía farmacéutica debido a decisiones tomadas en el pasado, especialmente la eliminación del llamado “requisito de planta” en 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón. Esa medida, dijo, permitió que las farmacéuticas vendieran al gobierno sin tener producción en el país, lo que debilitó a la industria nacional.
“De las 146 ramas de manufactura involucradas en la producción de medicamentos, México participa principalmente en el embalaje: cartón y papel. Es decir, no producimos el medicamento, sino la caja en la que viene”, expuso Svarch en Palacio Nacional. El análisis se basó en una matriz insumo-producto elaborada por la CEPAL en 2023, donde se observa una drástica caída de la participación de la industria farmacéutica mexicana a partir de la desaparición del requisito de planta.
La presidenta Sheinbaum subrayó que se busca revertir esa tendencia. Recordó que ya se emitió un decreto para que en la próxima licitación de compras públicas de medicamentos se considere como criterio central la existencia de plantas de producción nacional. “Nuestro objetivo es recuperar la industria farmacéutica del país”, declaró. También enfatizó que la liberación de patentes permitirá que se produzcan más medicamentos genéricos en México, tanto en el sector público como en el privado.
Svarch explicó que, con una industria consolidada, México podría aprovechar la liberación de unas 385 patentes próximas a expirar para fabricar genéricos, lo que significaría importantes ahorros. “Un medicamento genérico puede ser cinco veces más barato que uno de patente, y cumple con las mismas funciones terapéuticas”, afirmó.
Sheinbaum, en desacuerdo con plan fiscal de Trump que criminaliza a migrantes
Sheinbaum Pardo expresó este viernes su desacuerdo con el plan fiscal aprobado por legisladores estadunidenses a propuesta del presidente Donald Trump, el cual contempla un presupuesto de 170 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza y deportaciones, incluyendo la construcción de cárceles como la denominada Alcatraz-Caimanes.
“No estamos de acuerdo en que la migración deba atenderse desde una visión punitiva. La migración debe atenderse desde sus causas estructurales, con cooperación para el desarrollo”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina en Palacio Nacional.
La mandataria criticó que el enfoque que criminaliza a los migrantes, lo cual —advirtió— no solo es inhumano, sino que podría afectar gravemente a la economía estadunidense. Recordó que miles de mexicanos y migrantes de América Latina trabajan desde hace años en sectores esenciales de la economía de aquel país, como el campo : “Son gente de bien, trabajadores que aportan más a la economía de Estados Unidos que a la de México”, señaló.
Sheinbaum recordó que incluso el propio Trump reconoció recientemente que las deportaciones masivas han generado molestias entre empresarios estadunidenses, quienes reportaron afectaciones importantes por la falta de mano de obra.
En respuesta a estas políticas, Sheinbaum anunció que su gobierno fortalecerá el programa “México Te Abraza”, para atender de manera más integral a las personas deportadas, particularmente en Tapachula y Villahermosa, a donde están siendo trasladadas por vía aérea. También aseguró que se está reforzando la red consular y que se mantendrán los centros de atención en la frontera norte, con especial énfasis en evitar abusos y actos de corrupción por parte de autoridades migratorias mexicanas.
Grupo Salinas aún debe 74 mil mdp, ningún tribunal le ha dado la razón: Sheinbaum
Sheinbaum Pardo afirmó este viernes que ningún tribunal en el país ha dado la razón al empresario que debe 74 mil millones de pesos en impuestos, en alusión al caso de Ricardo Salinas Pliego, aunque sin mencionarlo por su nombre. Durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria defendió el trabajo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y cuestionó la estrategia legal del grupo empresarial del magnate para evadir el pago de contribuciones fiscales.
“Sí, lo que queremos es que la Corte, la nueva Corte realmente establezca un Estado de Derecho. Hay un caso que viene desde hace 16 años. Y ningún tribunal ha dicho que no debe pagar. Ninguno. Lo único que han hecho es postergar”, subrayó Sheinbaum.
Las declaraciones se dan una semana después de que el gobierno federal presentó públicamente el “modus operandi” del grupo empresarial de Salinas Pliego, mediante el cual, según la administración, el empresario ha utilizado una red de litigios para dilatar el pago de impuestos. La presidenta señaló que esta conducta se arrastra incluso desde antes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum mencionó el caso tras referirse al fortalecimiento de la recaudación fiscal. Indicó que, al 30 de junio de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recaudado 3.2 billones de pesos, un aumento real del 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, lo que atribuyó a una mayor eficiencia, digitalización y vigilancia en aduanas y en el registro de contribuyentes.
Nueva ley de inteligencia no es mecanismo de espionaje, insiste Sheinbaum
Sheinbaum Pardo rechazó este viernes nuevamente que la nueva Ley de Telecomunicaciones e Inteligencia represente un mecanismo de espionaje, como han señalado algunos de sus opositores. En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que la legislación mantiene las garantías constitucionales y que cualquier localización de personas solo podrá realizarse con orden de un juez.
“No hay espionaje, no hay geolocalización de las personas a menos que un juez lo determine. Es muy importante aclararlo”, afirmó Sheinbaum, quien incluso leyó fragmentos del marco legal vigente para respaldar su posición y desmentir las críticas.
La Presidenta citó el artículo 183 de la nueva ley, que establece que los operadores de telecomunicaciones están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes aplicables, es decir, con base en la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Sheinbaum detalló que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no ha sido modificado, exige que cualquier solicitud de localización geográfica o entrega de datos conservados debe contar con autorización judicial. “La petición deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público”, explicó.
Además, enfatizó que los datos que se obtengan y no sean considerados medios de prueba idóneos deberán ser destruidos, lo cual —según dijo— impide abusos o vigilancia indiscriminada.
Edición: Emilio Gómez
