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La Jornada
21/08/2025 | Ciudad de México
Jared Laureles y Daniel González
Vidulfo Rosales Sierra renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y con ello deja la representación legal de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014. Fuentes cercanas señalaron que se suma como colaborador del primer ministro indígena electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
El abogado, nacido en 1976 en el poblado de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, colaboró con el Centro Tlachinollan durante 24 años y asesoró a la policía comunitaria, defendió a mujeres víctimas de tortura y a campesinos de los despojos de sus tierras, así como a personas víctimas de desaparición, además de que mantuvo una relación cercana con las víctimas del caso Iguala.
En una carta, aseguró que su compromiso con los pueblos indígenas se mantiene “incólume. No puedo eludir mi deber de clase. Soy de una comunidad indígena enclavada en la agreste y encantadora Montaña de Guerrero, toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación, por ello tengo la capacidad de sentir las injusticias cometidas contra cualquiera y en cualquier parte”.
Rosales Sierra agradeció al director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera, la posibilidad de defender a los que menos tienen, “Tlachinollan es la casa que me albergó y forjó como defensor y abogado”.
“Timbran en mi oído las palabras de Abel Barrera diciéndome que habría que ir a ver a los estudiantes de Ayotzinapa asesinados en la Autopista del Sol en Chilpancingo o aquella madrugada del 27 de septiembre indicándome que me tenía que trasladar a Iguala por la desaparición de los 43 estudiantes o la reciente llamada informándome que habían herido de muerte al defensor del agua Marco Antonio Suástegui Muñoz”, externó Rosales.
En el escrito, el abogado indicó que se retira de la “primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos”.
No obstante, aseguró que desde otras trincheras seguirá exigiendo “que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.
Rosales agradeció a diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, y como a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP), y a las madres y padres de los 43 normalistas sus enseñanzas “en la lucha que libran día a día por el agua, la tierra, por los sistemas normativos de los pueblos indígenas y Afromexicanos, por la educación pública, por la verdad, justicia y porque nos faltan 43 y miles más”.
Edición: Mirna Abreu
