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La Jornada
20/05/2026 | Ciudad de México
El gobierno federal firmó un acuerdo con productores, compradores e industriales del sector para ordenar la producción y comercialización del maíz blanco en México mediante un mecanismo que busca garantizar la autosuficiencia del grano, estabilizar el mercado nacional y mejorar la rentabilidad de los agricultores.
En conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el acuerdo llamado Sistema de “Ordenamiento de la Producción de Maíz Blanco - Precio Justo”, surgió a raíz de una crisis en el sector que amenazaba con dejar a miles de productores sin posibilidad de cubrir sus costos de producción.
Señaló que, desde hace aproximadamente cuatro meses, el gobierno comenzó a reunirse con los distintos actores de la cadena productiva tras identificar que el precio del grano había caído por debajo del costo de producción. Mientras producir una tonelada requería alrededor de 6 mil pesos, el precio de mercado rondaba los cinco mil 200 pesos.
La situación, enfatizó, se agravó porque los compradores ya habían llenado sus inventarios con maíz importado a menor costo.
Para resolver la emergencia inmediata, el gobierno federal destinó cerca de 5 mil millones de pesos en apoyos, con la participación de gobiernos estatales y empresas compradoras, lo que permitió vaciar bodegas y estabilizar la comercialización en un contexto donde la cosecha de Sinaloa estaba por llegar.
A partir de esa experiencia, dijo Sheinbaum, se tomó la decisión de construir un sistema permanente que evitará repetir la situación cada año.
El acuerdo firmado, explicó Columba López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), está integrado por tres componentes: el primero contempla compras anticipadas por contrato antes de cada cosecha, con precios acordados libremente entre las partes.
El segundo establece la venta de insumos —semillas, fertilizantes y agroquímicos— a precio justo para los productores. El tercero incluye un mecanismo de protección financiera diseñado por la Secretaría de Hacienda, en sustitución de los esquemas de cobertura tradicionales, para enfrentar contingencias climáticas, fitosanitarias y de mercado.
Detalló que en el acuerdo participan 61 mil productores de seis estados —Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Tlaxcala y Campeche—, quienes trabajan 705 mil hectáreas con una producción estimada de siete millones de toneladas. Del lado de los compradores, el acuerdo cubre más del 80 por ciento de la comercialización formal del grano, con la participación de harineras, nixtamalizadoras, industria pecuaria y alimentaria.
En materia de insumos, continuó, más de 80 empresas nacionales y extranjeras se incorporaron al mecanismo, lo que representa cerca del 90 por ciento de los proveedores del país.
Por su parte, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional, Altagracia Gómez Sierra, quien impulsó el tema ante la presidenta, destacó que en los tres meses previos a la firma ya se comercializaron más de 2 millones de toneladas a precios por encima del mercado internacional y se comprometieron casi 3 millones de toneladas antes de la cosecha en Sinaloa.
Señaló que los descuentos negociados en insumos alcanzaron en promedio 13 por ciento, y en algunos casos superaron el 60 por ciento, en un entorno donde los precios internacionales de agroquímicos y fertilizantes subieron hasta 50 por ciento.
El sistema contará con una plataforma digital que permitirá vincular a productores, compradores y proveedores de manera transparente. Asimismo, la información será procesada por la Sader y la Comisión Nacional Antimonopolio para garantizar su confiabilidad y evitar prácticas contrarias a la competencia. La plataforma estará disponible a partir del lunes 25 de mayo para el ciclo primavera-verano 2026.
Francisca Rosalba Jiménez Juárez, productora de Maravatío, Michoacán, tomó la palabra en representación de los agricultores y subrayó que el acuerdo significa certeza para quienes trabajan la tierra, pues durante años enfrentaron altos costos, precios injustos y falta de apoyo institucional.
Sheinbaum subrayó que se trata de un acuerdo voluntario al que nadie fue obligado a sumarse. "Cuando trabajamos juntos salimos adelante", afirmó la mandataria al cierre del evento, en el que también estuvo presente el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, quien señaló que el acuerdo responde a los retos que enfrenta el sector agroalimentario, entre ellos la volatilidad de los mercados, el incremento en los costos de insumos clave como los fertilizantes y los efectos cada vez más frecuentes de fenómenos climáticos.
Precisó que, por instrucciones de la mandataria, el gobierno definió como prioridad avanzar en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, en particular en productos estratégicos como el maíz.
Edición: Estefanía Cardeña
