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La Jornada
25/05/2026 | Ciudad de México
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que ser padre o tutor no reduce la pena ni evita la cárcel por someter a un menor a terapias de conversión sexual; al contrario, hace más grave la conducta. También invalidó que el “consentimiento informado” de una persona adulta elimine el delito, al considerar que estas prácticas son discriminatorias y pueden constituir tortura o tratos crueles.
El criterio obligatorio del máximo tribunal se fijó al invalidar una porción del artículo 239 b al Código Penal del estado de Guanajuato, vigente desde el 19 de diciembre del año pasado, que impedía castigar con prisión a padres que llevaran a sus hijos a los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), y les imponía únicamente multa y tratamiento psicoterapéutico.
“La protección de la familia no puede justificar esquemas de sanción insuficientes frente a conductas que lesionan gravemente el bien jurídico tutelado, la orientación sexual y la identidad o expresión de género”, dijo la ministra María Estela Ríos González al presentar su proyecto al Pleno, el cual fue aprobado por unanimidad.
La norma de Guanajuato fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de la acción de inconstitucionalidad 4/2026. Su resolución también invalidó la cláusula de consentimiento informado para adultos, al concluir que la dignidad humana y la identidad de género son derechos irrenunciables que no pueden ser objeto de exclusión delictiva.
La norma fue defendida por el Congreso de Guanajuato, que sostuvo que exentar de prisión a padres formaba parte de la facultad de los estados para definir sanciones. Sobre el consentimiento, argumentó que permitía a personas adultas buscar acompañamiento de forma voluntaria sin aceptar violencia ni tortura.
Por su parte, el gobierno de Guanajuato, encabezado por la panista Libia Dennise García, defendió que la medida para padres buscaba corregir prejuicios y preservar el núcleo familiar. También sostuvo que el Estado no debe castigar decisiones de personas adultas sobre su propia identidad.
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Edición: Estefanía Cardeña
