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La Jornada
25/05/2026 | Ciudad de México
Lilian Hernández Osorio
La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que la función de este instituto no es verificar narco-candidatos, sino organizar elecciones con equidad, transparencia y certeza, porque su labor es electoral y no judicial.
En respuesta a la iniciativa presidencial que se presentó en la mañanera del pasado viernes 22 de mayo, Taddei advirtió que de aprobarse esta reforma, el INE asumirá el mandato con responsabilidad, siempre y cuando la iniciativa presidencial para evaluar candidaturas no convierta al órgano electoral en “juez y parte” de la contienda política.
Sin decir abiertamente que no está del todo a favor
del proyecto de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum, Taddei alertó que si se pide al instituto juzgar o determinar la probidad de los aspirantes, se vulnerará su función que es organizar elecciones con equidad, transparencia y certeza.
“El Instituto es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial”, atajó en un breve mensaje que ofreció poco más de dos horas después de la cita programada con los medios de comunicación, debido, dijo, a complicaciones en la agenda.
Sin compañía de otros consejeros, Taddei Zavala señaló que la propuesta de crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas como un órgano permanente dentro del INE, para que remita la información que entreguen los partidos políticos a las instancias de seguridad e inteligencia debe especificar sus funciones con mucha claridad.
“Si el Marco legal obligará al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas”.
Por tanto, enfatizó que el texto normativo debe mantener la separación de funciones, porque el órgano electoral no valida la integridad de las candidaturas, ni califica los antecedentes de los aspirantes.
Insistió en que la responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde de manera exclusiva a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública.
“Son estas instancias y solo ellas las que cuentan con las facultades legales y las metodologías para determinar la existencia de un riesgo razonable”, en el que no debe intervenir el INE, subrayó.
Reconoció que el combate a cualquier intento de infiltración de intereses ajenos a la legalidad en los procesos democráticos no es tarea de una sola institución, es una responsabilidad compartida de todas las autoridades que integran el Estado, pero la función del órgano electoral es velar por elecciones libres, auténticas y apegadas a la ley.
Respecto a la reforma de las posibles causales de nulidad, como la existencia de dinero de carácter extranjero en los procesos electorales, señaló que esa modificación los obligaría a generar lineamientos, procedimientos, mecanismos, directrices que establezcan con claridad qué pasa con la intervención del dinero extranjero en nuestros procesos electorales.
“Las instituciones electorales deben mantenerse siempre como garantes de la imparcialidad y confianza ciudadana y nunca como actores políticos dentro de la competencia democrática”, puntualizó.
Edición: Fernando Sierra
