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La Jornada
22/09/2026 | Ciudad de México.
Emir Olivares y Alonso Urrutia
En los dos años de la actual administración federal, 53 servidores públicos han sido vinculados a procesos penal al incurrir en algún delito derivado de actos de corrupción.
Así lo dio a conocer esta mañana la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Raquel Buenrostro, durante la conferencia en Palacio Nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Al presentar el informe relacionado a su sector, la funcionaria detalló además que por acciones enfocadas a la prevención, la administración federal ha podido proteger cerca de 84 mil millones de pesos.
En lo referente al tema de sanciones, la secretaria indicó que en estos dos años han sido sancionados de manera administrativa 4 mil 193 servidores públicos, 3 mil 528 por faltas no graves y 665 por faltas graves.
Las causas
Entre las principales faltas observadas, dijo, están el otorgar o autorizar pagos indebidos; sustraer información resguardada bajo su responsabilidad, que podría incluir datos personales; autorizar pagos por bienes o servicios que no fueron entregados; hacer compras injustificadas; falsificación de documentos y hostigamiento y acoso sexual.
Asimismo, añadió que se ha enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a mil 737 servidores públicos, de los cuales 87 ya fueron notificados como sancionados y mil 650 casos están en proceso.
En cuanto a los castigos a los particulares, Buenrostro detalló que se ha sancionado a 286 personas morales, de estos 222 inhabilitados con multa y 64 sólo con multas. Por las multas impuestas se han obtenido 147.3 millones de pesos.
Las principales faltas cometidas por los particulares son: presentación de documentación falsa; incumplimiento con sus obligaciones, es decir, tienen contrato y no entregan bienes o servicios en tiempo y forma o no los entregan; simulan experiencia técnica falsifican su currículo, cono el que tienen personal calificado y suficiente, así como la capacidad económica para tender un contrato; y ocultan conflictos de interés.
A la fecha, se han impuesto 118.5 millones de pesos por infracciones a particulares que tienen en su posesión datos de particulares. En esa área, son 51 sancionados.
“Algunas faltas administrativas son delitos y van acompañados no sólo a tribunales para sanción administrativa, sino que se envían denuncias a la Fiscalía General de la República”.
Así, dijo la secretaria, en este periodo se han presentado 517 denuncias contra servidores públicos y 53 de ellos han sido vinculados a proceso.
Los delitos más detectados son: enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones de recurso de procedencia ilícita, fraude y peculado.
Buenrostro afirmó que por las acciones de prevención se ha podido proteger 83.8 mil millones de pesos.
De estos, 29 mil millones por procesos de mejores compras, 42.2 mil millones de pesos por seguimiento a la administración de contratos, 4.8 mil millones por sanciones y 7.8 mil millones por eficiencia en la organización de gobierno.
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Sin pruebas contra Osorio Chong: Buenrostro
Cuestionada sobre la vinculación de Miguel Ángel Osorio Chon en las irregularidades detectadas por el desvío de más de 65 millones de dólares en la Policía Federal durante 2015, Raquel Buenrostro señaló que no existen pruebas que acrediten la responsabilidad del ex titular de la Secretaría de Gobernación en la firma del contrato para la prestación de servicios celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense System LTD.
Explicó que en las pruebas documentales se detectó que hay “como seis o siete niveles abajo” del secretario de Estado el rango que tenían los dos ex funcionarios, que fueron inhabilitados por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como sanciones económicas relativa a cubrir una indemnización superior a los 65 millones de dólares de daño al erario.
“De los documentos y del expediente que nosotros tenemos, y que obra a nuestra vista, no existe ningún documento que esté firmado por el secretario en su momento”, sostuvo Buenrostro.
Los ex funcionarios sancionados por este caso son: Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la PF, y Damián Canales Mena, ex jefe de la División de Inteligencia de esa corporación.
