Los jóvenes incrementan su vulnerabilidad a la trata de personas debido a su sobreexposición en las redes sociodigitales; la necesidad de reconocimiento digital y la información que comparten voluntariamente permiten que terceros, incluso herramientas de inteligencia artificial, identifiquen sus debilidades, soledades o estados emocionales para facilitar su “enganche”.
Así lo advirtió el titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mario Luis Fuentes Alcalá, quien explicó que este delito representa la máxima expresión de las violencias contra las garantías fundamentales.
Es un proceso estructural de despojo de la dignidad que se origina en la vulnerabilidad y el “enganche”, consideró al participar en el Seminario Permanente de las Ciencias 2026, Desafíos en las Ciencias Sociales: Reflexiones sobre la diversidad.
Es alimentado por las desigualdades, la pobreza y la falta de protección del Estado para garantizar los derechos básicos, así como por la ausencia de factores de protección como un entorno familiar seguro.
En su conferencia magistral “Vulnerabilidad social y trata de personas” señaló que ese delito cosifica a las víctimas al convertirlas en objetos de uso y, sobre todo, de explotación. Ello representa otra forma de violencia.
Sin embargo, el derecho penal suele limitarse a castigar solo el ilícito que se puede comprobar, ignorando la acumulación de violencias previas e interdependientes que sufren a lo largo de su vida, alertó Fuentes Alcalá.
La trata comienza con el “enganche”, que por lo general puede ser a través de las ofertas engañosas de empleo, enamoramiento, incluso matrimonio.
El experto señaló que no todo es explotación sexual; también suelen ser trabajos indignos. “Pero una cosa es intentar buscar la causa: pobreza, marginación, etcétera, y otra es comprender por qué alguien puede ser tan vulnerable para ser engañada”.
Fuentes Alcalá enfatizó en el abandono hacia las víctimas sobrevivientes de trata, ya que los albergues son insuficientes y tampoco hay programas adecuados de reintegración social o de salud mental. Además, el temor a represalias impide que numerosas personas declaren, obstaculizando la acción de la justicia.
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