Antonio Heras, corresponsal y Cristian Torres
El ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, compareció ante la Fiscalía General del Estado (FGE), se le investiga por los delitos de peculado y colusión de funcionarios públicos y una serie de contratos de servicios de casi mil 600 millones de pesos.
Durante la mañana del viernes, el panista se presentó en las instalaciones de la fiscalía donde se abstuvo de dar declaraciones y designó al abogado Raúl Alejandro Velázquez García para representarlo en esta pesquisa, número 42685-2019.
En entrevista, el fiscal regional Pedro Ariel Mendivil señaló que el ex mandatario permaneció durante 25 minutos en las instalaciones de la dependencia, de donde se retiró después de solicitar copia certificadas del expediente.
El fiscal Mendivil dijo que se trata de una investigación sobre 99 empresas que supuestamente prestaron servicios al gobierno de Vega de Lamadrid, pero se carece de personalidad y evidencias sobre los trabajos contratados.
Entre las indagatorias se encuentra la investigación de campo en cinco ciudades del país donde supuestamente se encuentran asentadas dichas empresas, entre ellas Toluca, Monterrey, Pachuca y Guadalajara.
En noviembre de 2019, el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presentó una denuncia de hechos donde señalaba operaciones fraudulentas de la administración de Vega de Lamadrid con más de 200 compañías por mil millones de pesos a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
El 5 de mayo de 2020, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso local presentaron una denuncia ante la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia de la FGE por la posible colisión de hechos delictivos detectados en diversas auditorías que presumen "la existencia de operaciones irregulares por un monto aproximado de mil 586 millones de pesos, lo que deriva en presuntas responsabilidades a cargo de diversos servidores públicos de la administración del Poder Ejecutivo estatal anterior".
El encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado, José Sergio Soto García, y la presidente de la Comisión de Fiscalización, Eva Griselda Rodríguez, dieron a conocer que se presentaron elementos que dan soporte al proceso penal y actuarán como coadyuvantes en la investigación.
Los involucrados son: la ex oficial mayor y actual diputada Loreto Quintero; Remigio Salcido, ex director de Normatividad; Antonio Valladolid; el ex Secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández; y Rutilio Pérez, director de Adquisiciones.
Edición: Emilio Gómez
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