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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó los hechos sucedidos la noche del 9 de noviembre en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo; en los que presuntamente elementos policiales repelieron mediante disparos de armas de fuego a manifestantes que se pronunciaban en contra de los feminicidios y violencia de género en dicha alcaldía.
En un comunicado, el organismo público recalcó que los disparos al aire dejaron un saldo de dos personas heridas por bala, que son los periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, colaboradores de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, respectivamente.
La CNDH indicó que atenderá el caso ante la demanda de quejosos y reiteró que, “en concordancia con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, en casos de manifestaciones o protestas sociales, los agentes estatales sólo pueden hacer uso de la fuerza estrictamente necesaria y con la finalidad de proteger a las personas presentes en la manifestación”.
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El organismo señaló que, para garantizar que se cumpla con dichos estándares, los estados “deben asegurar las medidas administrativas necesarias de control en manifestaciones públicas; circunstancia que, de no concretarse, incidiría negativamente y de manera grave en un pleno ejercicio al derecho a la libertad de expresión y manifestación, derechos indispensables en toda sociedad que se juzgue democrática”.
En ese tono, la CNDH urgió al Estado mexicano a garantizar la efectividad de los mecanismos de control y revisión para excluir la utilización de armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones públicas.
Pidió que se advierta que su utilización, de conformidad con los estándares supranacionales en la materia, únicamente podrá autorizarse en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas.
Los hechos ocurridos en Cancún, dijo la CNDH, “preocupan sensiblemente a este organismo nacional ya que, dentro de un contexto nacional de crecientes y alarmantes agresiones y riesgos que enfrentan las personas comunicadoras, impactan severamente y de manera negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de ellas y ellos, de cara a las múltiples y plurales manifestaciones que acompañan y documentan”.
Por lo anterior, la Comisión hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo “una investigación objetiva, sin dilación, independiente, y seria, que evite la impunidad en el presente caso, analizando ampliamente el ejercicio de la fuerza pública por los elementos estatales responsables, así como en irrestricto apego a las líneas de indagación vinculada con la labor periodística de las presuntas víctimas del evento”.
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