Enrique Méndez
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral prevé aprobar este lunes que, si los partidos lo autorizan, sus tiempos oficiales en radio y televisión puedan ser cedidos temporalmente para campañas dirigidas a afrontar la emergencia sanitaria por COVID-19.
No obstante -según el contenido de los proyectos a analizar en la sesión convocada para mañana- rechazará la petición del vocero de la Presidencia Jesús Ramírez Cuevas, para que el INE y los partidos cedan sus espacios, debido a que no está en sus facultades administrar los tiempos oficiales.
Para que la eventual cesión de tiempos por parte de los partidos sea efectiva, la petición tendrá que provenir directamente de la Secretaría de Gobernación (SG), plantean los dos proyectos.
El Consejo General argumenta en esos documentos que es Gobernación, y no la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia, la que constitucional y legalmente tiene atribuciones para la administración de los tiempos oficiales en radio y televisión.
Además, refiere que, hasta ahora, el único partido que ha respondido a la solicitud de ceder sus tiempos ha sido Morena, aunque solo en la temporada de invierno.
En uno de los proyectos se determina: “el tiempo que corresponde administrar al INE correspondiente a la prerrogativa de los partidos políticos podrá ser utilizado para la difusión de promocionales que atiendan la situación de emergencia sanitaria en los casos que los institutos políticos renuncien por escrito a su prerrogativa en los términos planteados en el presente instrumento”.
También anticipa condicionar los mensajes a que la difusión de campañas “deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno”.
Esto es, acota, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular.
De esta manera, el contenido deberá limitarse a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral.
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