La nueva normatividad federal sobre el teletrabajo es progresiva en cuanto a los derechos laborales, pero faltan las herramientas para garantizarlos, coincidieron organizaciones sindicales y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas). Indicaron que buena parte de quienes realizan home office no tienen una relación laboral reconocida que les permita no sólo tener estabilidad en su empleo sino la defensa de sus derechos.
Héctor de la Cueva, coordinador del Cilas, destacó que la regulación que entró en vigor el 12 de enero pasado, “parte de una precarización y una desprotección” del trabajo, por lo que difícilmente se podrán respetar los derechos establecidos.
Explicó que al no existir una relación laboral reconocida, como en el caso de quienes trabajan por honorarios, aunque la regulación señale que la parte patronal debe asumir los costos derivados del home office y respetar el derecho a la desconexión, el trabajador difícilmente los puede ejercer. Para lograrlo, dijo, se requiere reformar otros aspectos de la ley federal como puede ser lo referente al outsourcing.
Silvia Ramos Luna, secretaria general de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp), indicó que actualmente las empresas son las que “ganan” con el teletrabajo pues aunque la norma ya establezca que son los patrones quienes deben de proporcionar el equipo para laborar desde casa, así como asumir los costos, incluido el pago de servicios de telecomunicaciones, “la realidad es que quienes la mayoría está utilizando sus propios recursos”.
Añadió que otro de los problemas que se enfrentan con el teletrabajo es que “rompe con la organización sindical”, implica un obstáculo para afiliar nuevos miembros y para hacer proselitismo.
Francisco de Jesús Arroyo Carrillo, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Técnicos y Profesionistas del Instituto Mexicano del Petróleo (SITTPIMP), resaltó que con el home office también algunas de las prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo se verán afectadas.
“Se tendrán que ajustar a los tiempos, es decir, hay algunas que se otorgan como apoyo de transporte y muchos patrones van a decir que ya no aplican y los van a reducir, lo que sería una violación”, dijo. Por otra parte, añadió, en las negociaciones se tendrán que plantear otras condiciones laborales como lo referente al pago de servicios de telecomunicaciones.
Edición: Laura Espejo
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