Israel Rodríguez
Desde inicios de este año, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, fue notificado por el consorcio Braskem-Idesa sobre las medidas legales que interpuso para la defensa de la inversión de 5 mil 200 millones de dólares que se ejercieron en la construcción de la planta Etileno XXI, en Nanchital, Veracruz.
Por medio de una comunicación a los inversionistas, Braskem-Idesa reveló que inició medidas legales con el objetivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales para proteger su inversión en México.
La controversia surge por el contrato de largo plazo de suministro de etano suscrito entre el consorcio y Pemex que obligó a la petrolera proporcionar el gas a un precio preferencial.
Por su parte, Pemex apeló a la revisión de las clausulas del contrato que fue calificado de “leonino” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El consorcio señaló que estas medidas legales prevén un periodo de remediación y negociación en el que se buscará una solución entre las partes.
De igual manera, informó que Braskem-Idesa regresó parcialmente a la producción de polietileno con base en un modelo de negocio experimental, siguiendo protocolos de seguridad y reduciendo el impacto en la satisfacción de la demanda de la industria plástica mexicana.
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