PRI plantea adecuar marco jurídico

Víctor Ballinas
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Miércoles 2 de noviembre, 2016

El vicecoordinador de los senadores del PRI, Arturo Zamora, anunció que en comisiones se analiza la propuesta que presentó para sancionar hasta con 20 años de cárcel a las personas que utilicen a niños en bloqueos y motines que pongan en riesgo su integridad, y a quienes fomenten esas acciones.

La propuesta de Zamora considera reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal Federal para elaborar un marco legal en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño acerca de la no participación de menores en conflictos que pongan en riesgo su integridad.

En la iniciativa, señala que “se deben establecer sanciones ejemplares para quienes se aprovechan de la inocencia de nuestros niños para convertirlos en rehenes de causas políticas ajenas a sus derechos fundamentales, valiéndose de ello para cometer delitos como el motín y los bloqueos a las vías de comunicación”.

Precisó que en México se tiene la experiencia del reclutamiento de niñas y jóvenes por organizaciones criminales, que los utilizan para cometer actos deleznables como tráfico de drogas, ejecuciones, secuestros y extorsiones.

No obstante, subraya en la iniciativa, el terrorismo y el crimen organizado no son las únicas amenazas para el desarrollo pleno de la niñez; “en nuestro país hemos sido testigos de otras formas de utilización y manipulación de mucha menor intensidad, pero que de igual forma ponen en entredicho los derechos de los niños”.

Zamora afirma que su iniciativa no tiene destinatario específico ni busca otra finalidad más que garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes en situaciones que pudieran implicar peligro para su integridad física.

En la iniciativa se argumenta que en México está en aumento el empleo de menores en bloqueos y manifestaciones, lo cual debe ser objeto de reflexión en el Senado y en la sociedad.

Refiere que el pasado 15 de junio la Secretaría de Educación Pública denunció que en diversos estados del país “se utilizó con engaños, con la presión de maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o los propios padres, a alumnos de entre tres y 10 años de edad en jardines de niños y primarias para colgarles pancartas en el cuello y usarlos en las marchas que realizan miembros de la disidencia magisterial y las organizaciones que los apoyan”.

Otros casos extremos, sostiene el senador priísta, es que menores mexicanos han sido utilizados como escudos humanos en barricadas y “en otros actos delictivos que además de atentar contra la sociedad ponen en riesgo su integridad física” en estados como Oaxaca y Michoacán.