Bertha Teresa Ramírez
Foto: María Luisa Severiano / Archivo
La Jornada Maya
Ciudad de México
Domingo 28 de agosto, 2016
Tras señalar que el Instituto de Atención del Adulto Mayor reporta al mes de 120 a 150 denuncias de agresiones contra personas adultas mayores, la diputada local Ana María Rodríguez Ruiz pidió combatir con mayor fuerza el problema y declarar a la Ciudad de México libre de violencia contra esta población, la cual no sólo es víctima de maltrato sino de abuso en el manejo de sus ingresos.
No basta con la existencia de la Fiscalía para el Adulto Mayor de la Procuraduría General de Justicia, se requiere la apertura de más Centros Integrales para el Desarrollo de las Personas Adultos Mayores, debido a que en la ciudad sólo existen 133 para una población cada vez más longeva, añadió la diputada.
A las agresiones se suman el abuso de confianza en el manejo de sus cuentas bancarias, particularmente de los recursos obtenidos de la Pensión Universal. “Nuestros abuelos, quienes son la grandeza de la Ciudad de México, merecen respeto e igualdad; debemos garantizar una vejez digna con derechos plenos”, sostuvo.
Durante el festejo del Día del Adulto Mayor en el pueblo de Culhuacán, indicó que de acuerdo con información oficial, por cada 100 niños de 0-14 años, existen de 52 a 56 personas adultas mayores, es decir, la pirámide poblacional se invierte.
“Tenemos que dirigir el presupuesto y las políticas públicas para que atiendan de forma oportuna y eficaz las nuevas condiciones de la población capitalina”, afirmó tras señalar que se tiene que iniciar con la erradicación de la lista de espera de la Pensión Alimentaria, la cual asciende a 80 mil y significa aumentar el presupuesto del IAAM en mil millones de pesos para 2017.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada