Texto y Foto: Javier Santos
La Jornada Maya
Guadalajara, Jalisco
Martes 16 de agosto, 2016
Existe la posibilidad de que entre los secuestrados ayer en Puerto Vallarta se encuentre Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín [i]El Chapo[/i] Guzmán, adelantó el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer.
El fiscal precisó que no fueron 12, sino seis los secuestrados en el restaurante La Leche, ubicado en ese puerto.En entrevista radiofónica, Almaguer sostuvo que se encuentran muy avanzadas las indagatorias en torno a la identificación de los plagiarios, que se hacían acompañar por nueve mujeres en el restaurante.
Según el fiscal, en estos hechos participaron siete individuos. Destacó que la presunción sobre el secuestro del hijo de [i]El Chapo[/i] Guzmán tiene base en la declaración de testigos y la revisión de cinco vehículos que pertenecen a las víctimas.
“Hay presunción en ese sentido”, dijo, tras subrayar que el [i]cártel[/i] Jalisco Nueva Generación puede estar detrás de estos hechos.También dijo que aún no se presenta ninguna denuncia de familiares por la privación ilegal de la libertad de los secuestrados, y por tanto no hay datos que permitan confirmar la identidad de éstos.
Anoche mismo desde Puerto Vallarta, Almaguer informaba en su cuenta de Twitter que “hasta el momento son seis las personas privadas de la libertad”. En declaraciones a la prensa en el puerto, Almaguer destacó que se detectaron identidades falsas entre los secuestrados. Reconoció que en los hechos participan grupos delictivos antagónicos.
En tanto, el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, lamentó este hecho y subrayó que ello no pone en riesgo ni a la población ni a los turistas nacionales o extranjeros de asueto en Puerto Vallarta, destino turístico.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada