Milicia y Justicia

Jesúes Aranda
La Jornada

29 de enero, 2016

Es insostenible la versión oficial sobre la forma como fue capturado el líder del cártel del Pacífico.

La acción es un ejemplo más de cómo soldados y marinos actúan al margen de la ley, ante la ausencia de un marco legal que le certidumbre a su labor.

El ejemplo más reciente fue la reciente captura de El Chapo Guzmán, cuando la Secretaría de Marina informó el 8 de enero por la mañana, en un comunicado de prensa, que los marinos habían sido agredidos con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada, luego de que “personal naval recibió una denuncia ciudadana donde se señalaba que en un domicilio se encontraban personas armadas” y que al repeler la agresión un marino fue herido, cinco agresores perdieron la vida y seis personas fueron detenidas.

Pero resulta que, según las versiones difundidas después por la procuradora general de la República, Arely Gómez y por funcionarios del gabinete de seguridad, esos hechos fueron el preludio de una compleja operación de inteligencia que derivó horas después en la captura del prófugo más buscado del país

El problema es que, la Fuerza de Tarea de la Armada de México que ingresó al domicilio en el que se escondía Guzmán –el mismo del que se dio cuenta horas antes en el comunicado de la Secretaría de Marina- no contaba con la orden de cateo correspondiente para ingresar al inmueble.

Podrá decirse que el fin justifica los medios, que se trataba ni más, ni menos que del líder del cártel de Sinaloa, pero los funcionarios, desde el presidente de la República, pasando por la procuradora Gómez y el resto de los miembros del gabinete de seguridad se regodean cada vez que pueden sobre su compromiso con la legalidad, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

Este detalle no es menor, incluso, sería suficiente para que un juez independiente pensara seriamente en dejar en libertad a Guzmán por violación al proceso legal, o por lo menos, para ponerle un fuerte susto a la procuradora Gómez ante la posibilidad de que el narcotraficante resultara beneficiado por algún amparo..

Lo cierto es que el caso de El Chapo Guzmán se suma a las decenas de acciones que marinos y militares realizan al filo de la navaja, entre lo permitido y no permitido, porque hasta a la fecha, no existe un marco legal que le dé certidumbre legal a sus acciones contra la delincuencia en acciones que desarrollan todos los días, como son los retenes, los cuales para muchos especialistas son inconstitucionales.

La culpa no es de los soldados y marinos, la responsabilidad es del comandante supremo de las fuerzas armadas y del Congreso de la Unión que han antepuesto sus intereses particulares antes de otorgar garantías a quienes han estado en la primera fila en el combate al crimen organizado.
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La Suprema Corte, el Papa Francisco y los matrimonios gay[/h2]

De manera inexplicable, a unos días de que arribe a México el Papa Francisco, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ordenar al gobierno de Jalisco reconocer y registrar el matrimonio entre personas del mismo sexo pasó de noche para los grupos católicos y conservadores.

Tal vez por no hacer ruido ante la esperada visita del obispo de Roma, pero lo cierto es que ningún secreto que los jerarcas católicos están en contra del reconocimiento oficial de las parejas homosexuales.

Vamos, ni siquiera una manifestación pública de rechazo, ningún pronunciamiento.

En cambio, el ministro instructor de la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH en contra del Código Civil de Jalisco, José Ramón Cossío le dijo a sus pares que era muy importante aprobar el dictamen por unanimidad, dejando de lado criterios contrarios que pusieran en riesgo el consenso.

Cossío logró su objetivo, consiguió que la Corte mostrara hacia el exterior una cara de unidad, en un tema tan controvertido, aunque la mayoría de sus compañeros no se distinga por su criterio innovador o por su interés en reconocer derechos humanos que rompan con el modelo “tradicional” de familia.

Por otra parte, el miércoles pasado, la primera sala de la Corte (con el voto en contra de Cossío y de Norma Lucía Piña) absolvió a otros cuatro policías involucrados en la tragedia sucedida en el News Divine; con ésta decisión, el máximo tribunal suma 15 policías amparados que gozan de libertad.

Los hechos ocurridos el 20 de junio de 2008, en los que murieron 9 jóvenes y 3 policías, siguen impunes. Ningún policía, mando o funcionario involucrado ha sido sentenciado.

[h2]Irresponsabilidad del área de Comunicación Social de la Sedesol[/h2]

Un grupo de reporteros que cubre la fuente de la Sedesol, viajó el martes pasado de la ciudad de Chihuahua a Guachochi, municipio ubicado en la sierra Tarahumara, en un viaje mal planeado que pudo ser fatal.

Sin contar con vigilancia y violando las más elementales medidas de seguridad, lo reporteros viajaron más de cinco horas –dos de éstas de noche-, en una carretera desierta que es conocida por su inseguridad y por continuos asaltos a mano de la delincuencia organizada. El objetivo, presenciar el convenio de concertación entre la Sedesol y la Fundación Carlos Slim, que encabezarían el titular de la dependencia José Antonio Meade y el empresario Carlos Slim.

Por si esto fuera poco en el trayecto una de las camionetas, que llevaba en su mayoría reporteras, se adelantó imprudentemente en el camino, mientras la otra, se quedó rezagada y fue acosada en dos ocasiones por camionetas durante varios kilómetros en actitud sospechosa.

Una explorer negra siguió a la camioneta blanca en que viajaban los reporteros, durante varios minutos iba pegada a la parte trasera, después se emparejo para ver quienes viajaban. Siguió su camino. Más tarde, otra camioneta más pequeña, echó luces a la misma camioneta en que íbamos por varios minutos y después la rebasó.

Por el funcionario no se preocupe, Meade no pasó apuros, llegó en helicóptero –Slim hizo lo propio- al evento.

@jaranda24