Autorizan 2 mil mdp para alimentación en penales en BC

Servirá para atender a más de 12 mil custodios del estado durante seis años
Foto: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California

Antonio Heras

El Congreso de Baja California autorizó al gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez firmar un contrato por 2 mil millones de pesos para alimentar, durante seis años, a mil custodios y a 12 mil 500 internos en el Sistema Estatal Penitenciario.

La autorización del convenio se aprobó, con los votos de la mayoría de Morena y sus aliados políticos, a siete meses de que concluya la administración de Bonilla, y será coordinado por el comisionado Salvador Morales Riubí, dirigente estatal del PAN de 2005 a 2008, después director del Issstecali y secretario particular del gobernador Francisco Vega.

De acuerdo con el dictamen 166 de la Comisión de Hacienda, cada año el gobierno estatal pagará 324 millones de pesos en promedio, lo que representa en promedio 50 pesos por cada persona privada de su libertad y también de los custodios.

El Congreso local autorizó un primer pago de 300 millones de pesos, más 8 por ciento de IVA, mientras en los cinco años siguientes incluye un incremento de 3.15 por ciento de inflación.

Se calcula que el servicio de alimentación alcanzará el último año de contrato un monto de 350 millones de pesos más impuestos y un acumulado superior a los 2 mil millones de pesos.

En sus consideraciones, el gobierno de Bonilla Valdez argumentó que la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario “tiene la obligación de garantizar alimentación nutritiva, suficiente y de calidad adecuada para la protección de su salud” de forma gratuita en los centros penitenciarios.

La diputada panista Loreto Quintero advirtió sobre las vicisitudes de un contrato plurianual sin evaluar el servicio adquirido y además compromete recursos de toda la siguiente administración estatal.

Creada en 2020 por decreto de Bonilla, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, área que salió del organigrama de la Secretaría General de Gobierno para depender directamente del gobernador, ha sido señalada por incumplir con el servicio médico a sus internos durante la pandemia, que provocaron al menos cinco muertes.

Edición: Emilio Gómez


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