Foto y Texto: La Jornada
La Jornada Maya
Monterrey, Nuevo León
Jueves 2 de noviembre, 2018
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dio a conocer que el Estado se encargará del tema de seguridad en el municipio de Monterrey mientras se elige a un Concejo Municipal.
El Secretario de Seguridad, Bernardo González, coordinará a la Policía Municipal, respetando los mandos actuales, luego de que no exista un encargado, al haber concluido la administración de Adrián de la Garza.
“Debido a este vacío que existe en la ciudad de Monterrey, hemos decidido que el Secretario de Seguridad del Estado asuma el mando de la Policía Municipal de Monterrey”, explicó.
“El Bronco” aseguró que dentro de las facultades que le permite la Ley se encuentra tomar la seguridad de un municipio como ante lo hizo con Cadereyta y Ciénega de Flores, aunque este es un caso distinto.
Rodríguez Calderón manifestó que al no haber Presidente Municipal, ni Secretario de Ayuntamiento, no pueden permitir que la seguridad quede en manos vacías y por eso se tomó dicha postura.
“Respetamos la decisión del congreso y el tiempo en que tenga que definirlo pero no creemos que sea adecuado tomar más tiempo en este tema, porque tenemos que seguir con la estrategia de seguridad”, dijo.
A pesar de que el Congreso de Nuevo León ayer informó que se mantendría al Secretario de Ayuntamiento, Genaro García, al frente de la administración, el gobernador de Nuevo León repitió constantemente que no hay autoridad en Monterrey.
“El Congreso no tiene facultades para nombrar encargados, ellos deben decidir quiénes son el Concejo, y ellos ya se encargarán de hablar con nosotros sobre el tema".
“Constitucionalmente la administración ya terminó, ningún Secretario está en funciones”, señaló.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada