Emir Olivares Alonso
Foto: Roberto García Ortiz
La Jornada Maya
Ciudad de México
Miércoles 4 de julio, 2018
Es falso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya cuestionado o controvertido las sentencias de amparo de un tribunal colegiado con sede en Tamaulipas en las que ordenó, entre otras, la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa.
Esta tarde, el organismo nacional difundió una aclaración respecto a las notas periodísticas que dieron cuenta de la suspensión indefinida de este fallo mandatada por un magistrado federal de Reynosa, Tamaulipas, y en las que se aduce que esto obedece a que la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH argumentaron “la imposibilidad jurídica” para cumplir con la sentencia.
El organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez subrayó que ha estado y estará en favor de que se conozca la verdad de los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que dejaron seis personas asesinadas, varios lesionados y 43 normalistas víctimas de desaparición forzada.
Aclaró que aun cuando no es parte de los cuatro juicios de amparo que dieron cabida a la resolución del tribunal colegiado, ha mantenido su postura de que la atenderá y coadyuvará con las instancias correspondientes, mecanismos, entidades, dependencias y comisión que se determine en el caso particular, en el marco de su autonomía y acorde a sus competencias constitucional y legal.
Lo anterior “sin que en ningún momento este organismo nacional haya cuestionado o controvertido las sentencias de amparo correspondientes”.
Detalló que una de las actuaciones que ha realizado dentro de estos juicios consistió en desahogar la vista ordenada por el tribunal respecto del llamado “Incidente de Imposibilidad, Real, Jurídica y Material por considerar que no se encuentra en posibilidad de dar cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo”, promovido por la PGR.
“La CNDH reitera que estará atenta a participar en el cumplimiento de las sentencias, con pleno respeto al estado de derecho y en el ámbito de su autonomía y de las atribuciones que tiene conferidas, siempre con la determinación de que se conozca la verdad y que se favorezcan al máximo los derechos humanos de las víctimas involucradas en los lamentables hechos del caso Iguala”, finalizó.
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