El borgismo funcional de Mayra

Hugo Martoccia
Foto: Facebook IEQROO_oficial
La Jornada Maya

Lunes 30 de abril, 2018

El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) se creó y organizó como un brazo electoral del PRI. Durante años, en mayor o menor medida, ese organismo electoral no fue otra cosa que una parte de la estructura propia que el tricolor ponía en marcha en cada elección para ganar.

La actual conformación del Ieqroo es un ejemplo claro del “borgismo residual” en el estado. La presidente Mayra San Román Carrillo conforma, junto a los consejeros Thalía Hernández Robledo, Juan Manuel Pérez Alpuche y Jorge Armando Poot Pech, una sólida mayoría que hace y deshace en el organismo.

En los últimos días, la titular del Ieqroo vio que una tormenta jurídica azotaba su reinado. Desde el centro del país, el periódico [i]Reforma[/i] corrió la versión de que había unas órdenes de aprehensión contra funcionarios del organismo, por una denuncia de violencia política de género.

Horas más tarde, [i]La Opinión[/i] informó que un juez de Distrito inició un proceso penal contra la funcionaria, por manejo ilícito del listado nominal. Ambas denuncias en contra de Mayra San Román y los consejeros mencionados, fueron presentadas por la consejera Claudia Carrillo.

Se trata de noticias terribles para la credibilidad de la funcionaria y de la “mayoría automática” borgista que ella comanda. Pero, increíblemente, eso no le ha generado demasiados inconvenientes.

Ningún candidato, ningún actor político, ningún partido, ninguna coalición electoral, ni ningún funcionario de gobierno, consideró que se trata de un hecho grave.

Parece que el borgismo (o su proyección o herencia) ha ido mutando y tiene niveles diversos. De la indignación que produjo el borgismo residual (con algunos de ellos, incluso el propio Borge, encarcelados) se ha pasado a la conformidad con una nueva derivación de ese borgismo, que podría llamarse funcional.

¿De qué se trata el borgismo funcional? De nombres o actitudes propias de la pasada administración que no molestan demasiado, o incluso pueden ser de beneficio para algunos.

Un ejemplo muy claro fue la estrecha relación entre Sintra y el Sindicato de Taxistas de Cancún para perseguir a los Ubers y tolerar las combis TTE.

Quizá Mayra San Román y su “mayoría automática” sean el ejemplo que sigue.

[b]Al mejor postor[/b]

Al quedarse sin la tutela de un gobierno priísta, el Ieqroo se convirtió en un poderoso organismo casi independiente, que puede operar según el criterio del mejor postor. O que puede rendir pleitesía a un nuevo jefe, cualquiera que sea éste.

O sea, puede hacer que los amigos en un municipio sean los enemigos en otro. Hasta ahí suena casi inocente, excepto porque se trata de la autoridad que organiza las elecciones en los 11 municipios del estado para este 1 de julio.

El caso de la negativa de darle el registro a José Luis Toledo Medina, Chanito, como candidato de PAN-PRD-MC en Cancún, es un ejemplo de ello.

Más allá de la situación de este candidato en particular (que puede o no ser legal, ya lo decidirán los tribunales) la actuación del Instituto dejó la sensación de que el excesivo celo que puso en el caso, tuvo algún origen político.

Lo que preocupa es que puede asumir actuaciones similares en cada uno de los municipios, poniéndose de uno u otro lado del espectro político, según le convenga. Su capacidad de daño para con los candidatos es muy grande, y, por lo que se ve, puede utilizar los criterios más polémicos o disparatados sin que nadie se ofenda ni escandalice.

[b]Mayra y la mayoría automática[/b]

Lo que tiene a favor la “mayoría automática” del Ieqroo que responde a la presidente, es que no debe pelear contra el desprestigio, porque difícilmente pueda caer más bajo. Pero eso es, justamente, lo más preocupante.

La presidente del Ieqroo está bajo un proceso penal por manipulación ilícita del listado nominal electoral. El 4 de abril el Instituto Nacional Electoral cerró ese caso a favor de Mayra San Román y los consejeros denunciados. Pero, una semana más tarde, un juez decidió todo lo contrario.

El INE quiso dar la vuelta la página y la Justicia no lo permitió. Así de grave es el tema. Pero no tuvo el eco suficiente en el estado.

Días atrás, el gobierno del estado firmó con Fepade un convenio contra delitos electorales. Allí estaba Mayra San Román, acusada justamente de un delito de esa índole. Pero, se insiste, a nadie le pareció incongruente.

Hay un marcado desinterés por el caso, que llama la atención. Parece que la ética pública se vuelve muy elástica cuando hay intereses electorales de por medio.

En cualquier estado que intenta recuperar las instituciones después de un huracán de ilegalidades como fue el borgismo, Mayra San Román sería insostenible en su puesto.

El Congreso luchó, en su momento, por quitar a los integrantes del actual Tribunal Electoral. No lo logró, pero al menos quitó de la presidencia a Víctor Vivas, que estaba en una situación parecida a la de la presidente del Ieqroo. Fue, podría decirse, al menos un triunfo parcial.

Es claro que ni el Congreso ni los partidos políticos ni el gobierno pueden sacar a Mayra San Román de su puesto. Pero el silencio, a veces, parece complicidad.

Quintana Roo llegará a las elecciones con un Ieqroo desprestigiado, y con su presidente sometido a un proceso penal. Lo que parece, sin embargo, es que nadie levanta la voz sobre el tema, porque esperan que al final ese resabio del borgismo pueda ser funcional a sus intereses.

Por supuesto, cuando confirmen que no lo fue, denunciarán ese fraude. Será tarde.

Eso ya ha sucedido muchas veces en Quintana Roo. Normalmente, los partidos de oposición al PRI comenzaban a perder las elecciones mucho antes de la jornada electoral. Casi siempre, el germen de esa derrota se gestaba en alguna oficina del Ieqroo.

O quizá está sucediendo el inicio de una nueva descomposición de la política, y alguien piense que un Ieqroo dócil e inmoral puede servir a consolidar una “causa justa”, un “proyecto nuevo”, o un “cambio”.

Ojalá no sea el caso, porque se trataría de un enorme retroceso.

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