En el estado más seguro, la seguridad preocupa

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Lunes 23 de abril, 2018

Por ahí dicen que las comparaciones son odiosas. Pero ahora resulta que ya no somos como Suiza, sino como Islandia.

La comparación surge quizá en una añoranza decimonónica del aislamiento peninsular del resto del país; de esas bellas épocas de la esclavitud en la hacienda henequenera, cuando las selvas y los malos transportes hacían el resto.

Y es que, para demagogos, nos pintamos solos. Nadie se nos compara.

Claro, algunos sabios dirán que la comparación cabe, por aquello de que los extremos se tocan: allá, las nieves eternas; acá, el infierno eterno, con incendios que calcinan basureros, corralones de la SSP y terrenos baldíos para abrir paso al crecimiento urbano.

Pero de ahí en más, no hay punto de comparación. Simplemente la tentación de hablar de similitudes con Islandia es absurda. De risa.

La comparación vino a cuento por las recientes cifras del Semáforo delictivo y también por los datos recientes dados a conocer por el Inegi sobre la percepción de inseguridad en el país, que no ha cesado de crecer con Peña Nieto. Claro, en un país donde la inseguridad no ha cesado de escalar, así como el miedo entre los ciudadanos, el tuerto es rey. Pero en Yucatán, y Mérida, las cosas en materia de seguridad no son como dicen las autoridades.

Reveladoramente, el tema se ha vuelto el principal de la campaña, muy a pesar de las autoridades, ya que el actual esquema está haciendo agua.

La piedra de toque del actual gobierno y de las supuestas razones para votar a favor de su continuidad, tiene grietas. Mientras, se nos dice que todo depende de la continuidad de un hombre al frente: el comandante Saidén.

La realidad es que como se preveía y hemos advertido, el tema de la seguridad se está agrietando por todos lados en Yucatán.

Basta escuchar a los mismos ciudadanos que denuncian robos, violencia callejera, inseguridad costera. Hay temor y reclaman más vigilancia policíaca, más policías, más patrullas, ante los hechos delictuosos en municipios y colonias; síntoma de que la descomposición social del modelo económico neoliberal ha entrado en otra etapa de su contradicción en Yucatán.

Basta ver las rejas electrificadas en Mérida, los muros tipo fortaleza de cinco o más metros, las cámaras de seguridad, los cotos privados como modelo de crecimiento urbano, en los que se encierran quienes tienen dinero para hacerlo, temerosos de que les roben o algo peor. O las escoltas empistoladas de candidatos y políticos, los autos cargados de guaruras.

Sin embargo, según el gobierno local, en Yucatán “sus habitantes viven con mayor confianza y armonía que en el resto de las entidades”. Claro, si nos comparamos con Tamaulipas o Guerrero, donde los muertos ya no caben en las morgues, pues estoy de acuerdo. Ahí la comparación sí cabe. Somos también, por el momento, una entidad menos insegura y terrorífica que Quintana Roo, donde los ejecutados, descabezados y feminicidios son cosa de todos los días.

Además, todos sabemos que existe un subregistro de delitos cometidos en el país, en cada estado. Y Yucatán no es la excepción.

También sabemos que los robos a casa habitación y el pandillerismo violento –en el que no faltan los muertos- son una plaga en la ciudad que afecta en particular algunas zonas, como el sur de Mérida y las comisarías, y no como dice mañosamente el candidato Víctor Caballero Durán, un problema del centro y de la policía municipal.

Según Inegi, Mérida es una de las ciudades “con menor percepción de inseguridad” en el país. “Menor percepción de inseguridad”. Menor, comparada con Sinaloa, Puebla o el Estado de México, no con Islandia, Reikiavik, Kópavogur o Hafnarfjörður, tres de las principales urbes de ese país de herencia vikinga.

Por último, y para echar sal en la herida, en lo que menos nos parecemos a Islandia es en materia salarial o de ingresos, por no hablar del Estado de bienestar, temas relacionados con la seguridad y la paz social, no cabe duda, aunque nunca lo mencionan los candidatos de los partidos que hasta ahora han gobernado y que se han dedicado, precisamente, a desmontar lo poco que en dicha materia existía en México.

Por ejemplo, a principios del presente año, Islandia declaró ilegal la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Así lo propuso en su programa el gobierno de coalición de la primera ministra, Katrin Jakobsdottir, de 41 años. En eso deberíamos parecernos.

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