de

del

René Ramírez Benítez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 29 de marzo, 2018

Las dudas respecto a la transparencia y rendición de cuentas surgen gracias a dos notas realizadas el 21 y 26 de este mes por la página [i]Mayaleaks[/i]. Surgen las inconsistencias y las posibles mentiras; surge el agua de las cloacas, porque en el estado donde “no sucede nada”, como esgrime la clase política, estos informes no harían ver que sí sucede, y mucho. Estos informes ponen en entredicho a la actual administración y su retórica de “combate a la corrupción”.

Respecto a la del día 21, se menciona que en Yucatán, las autoridades “tienen pendiente de solventar dos mil 271 millones, 800 mil pesos de recursos federales, ejercidos en forma indebida de 2012 a 2016”, lo anterior, de acuerdo con informes realizados por la Auditoría Superior de la Federación. Respecto a las participaciones federales y de conformidad con el informe de la ASF citado por la página [i]Mayaleaks[/i], “coloca al gobierno yucateco en el séptimo lugar nacional, entre los estados con más dinero federal sin solventar, con relación a la muestra auditada”, por lo cual, continúa la citada página, “el monto de las participaciones federales entregadas al gobierno de Zapata Bello, pendientes de solventar, 803.8 millones de pesos, corresponden a 16.1 por ciento de la muestra auditada en el periodo de 2012-2016”. Lo cual, podemos resumir que en dicho periodo son 803 millones, 800 mil pesos de recursos que la federación transfirió a Yucatán, mismo que no han sido solventados, que significa que no han podido documentar de forma correcta su uso.

La segunda nota, con fecha de 26 de marzo, es igual de preocupante, y está relacionada a denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación al “Gobierno del estado de Yucatán por presunto desvío de recursos por 33 millones, 530 mil, 600 pesos” de acuerdo con el portal Mayaleaks. Según la información del sitio, la denuncia del 11 de mayo de 2017 sigue todavía un procedimiento de investigación e integración del expediente. Con mayor precisión, la denuncia tiene relación con la “deficiente aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en 2014, en obras y adquisiciones no permitidas por el Fondo”. Ello quiere decir que, presuntamente los recursos no fueron utilizados para los fines que están determinados por las reglas de operación del fondo, y cabe recalcar que no está circunscrito al Gobierno del estado, sino a entidades estatales de otra índole.

Si lo anterior no le preocupa a usted, mi estimado lector, los presentes datos podrían moverlo. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 aplicada por el INEGI, ubica a Yucatán como segundo lugar nacional en “conocimiento de víctimas de corrupción entre familiares y amigos”, también “el segundo lugar nacional en pago de sobornos para realizar trámites de gobierno”, y el cuarto lugar nacional en “frecuencia de corrupción en trámites y servicios”, y en términos generales “Yucatán es una de las cuatro entidades más corruptas de México” (Legorreta, 2017).

Si la información de los informes anteriores se corrobora, estamos ante un escenario complicado para la administración de Rolando Zapata, porque demostraría que la corrupción está latente; porque demostraría que la corrupción está inmiscuida en las entidades públicas e incluso en universidades “autónomas”; porque demostraría que las medidas y reformas respectivas al Sistema Estatal Anticorrupción fueron sólo un maquillaje y simulación porque las viejas prácticas siguen ahí; porque de nada servirían todas esas modificaciones institucionales y jurídicas si los que están en el poder se siguen saliendo con las suyas; porque la política pública quedaría como simples palabras de aliento ante una realidad que sobrepasa las habilidades del Estado; porque esta situación demuestra que la clase política sigue viendo al erario público como un pastel del cual se sirven sin mayor discreción, un pastel que, por cierto, nos pertenece a los ciudadanos.

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