Corruptos y corruptores

Cliserio E. Cedillo
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 1 de febrero, 2018

Ahora resulta que algunos beneficiarios de la corrupción y “tapaderas” de latrocinios en las arcas públicas, durante las dos últimas administraciones priístas, se escandalizan de la forma en la que han sido presentados los personajes involucrados en el saqueo desenfrenado a Quintana Roo. Quienes hoy se quejan no son personas comunes, siempre estuvieron enterados de las cuasi dictaduras de Félix González Canto y Roberto Borge, expertos en la compra de conciencias y de aprovechar al máximo los puestos públicos para su enriquecimiento personal y su camarilla.

Hoy algunos de esos comunicadores que callaron por años el saqueo paulatino, sin medida y sin freno de los últimos gobernantes, se escandalizan de la forma en la que han sido presentados los ex funcionarios corruptos, mismos que dejaron a Quintana Roo detenido en su crecimiento económico y con un alto índice de pobreza y marginación, “en quiebra”, como recién expresara en entrevista el contador Juan Melquíades Vergara Fernández, ex secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno estatal, que preside Carlos Joaquín.

Los más cínicos editores fingen amnesia, luego de recibir millones de pesos por ensalzar las figuras de muchos funcionarios corruptos, que siempre confiaron en el triunfo de sus sucesores para cubrirles las espaldas, aunque en la última elección les fallaron los cálculos y, su “ángel de salvación”, Mauricio Góngora Escalante, cayera derrotado ante Carlos Joaquín… y entonces se destapó la cloaca.

Sin embargo, para esos funcionarios de cuello blanco, 84 involucrados hasta ahora, encabezados por el ex gobernador Roberto Borge y un candidato al gobierno del estado, Mauricio Góngora, no tienen mucho de qué quejarse, aunque los “abogados del diablo” se persignen y escandalicen. Y es que es cierto, el nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA) parece que se hizo para meter en la cárcel a ladrones comunes, a esos que roban por hambre, pero no así a funcionarios corruptos ni a miembros del crimen organizado.

En los dos últimos grupos, el de los malos funcionarios, basta con que resarzan el daño, aunque sea con sólo una parte del total (algunos expertos afirman que ni siquiera llega al 15 por ciento) para quedar libres; en el otro, el de los asesinos, quizás nunca sean detenidos por la llegada tardía, siempre, de los elementos de seguridad al lugar de los hechos.

Hay que decir que el nuevo SPA apela a la discrecionalidad para no mostrar a los presuntos delincuentes tal cual son físicamente, sino que exige cubrirles su identidad (al menos los ojos), en tanto no sean declarados oficialmente culpables. Sin embargo, ¿qué se puede hacer ante personajes públicos inmersos en el escándalo, producto de sus malos actos? Todo mundo los conoce, despilfarraron millones de pesos para darse a conocer durante sus campañas, se exhibieron como triunfadores en jet set internacional y se fotografiaron, como Roberto Borge, en Moscú y en otros foros internacionales sin ningún recato.

Considero que en el caso de las personas públicas y corruptas la ley debe ser modificada. No se puede guardar la identidad de un ex gobernador con un simple Roberto “N”, lo mismo que de un ex tesorero y candidato al gobierno del estado por un Mauricio “N”, o de un ex presidente municipal y ex secretario General de Gobierno, por un Gabriel “N”… y los que faltan. Lo cierto es que cometieron un gran quebranto por el saqueo de las arcas públicas, tan sólo en el caso del Gobierno del estado fue calculado inicialmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) en más de 22 mil 400 millones de pesos.

Es verdad, en las últimas auditorías se ha demostrado que el quebranto es menor, pero no deja de ser por varios miles de millones. Es claro que este saqueo no se pueden tapar “dando vuelta a la hoja”, como tampoco se puede cubrir la identidad de un encumbrado ex funcionario público con unas barbas o con una personalidad “desalineada”, como dijera hace unos días un articulista.

Considero que los involucrados en el saqueo en municipios o el Gobierno estatal, lo menos que merecen es el escarnio, porque está claro que sus culpas se perdonan resarciendo una parte del daño. Si sus rostros aparecen publicados no es culpa del gobierno que se acusa, sino que debe ser el ínfimo pago que merecen las masas, los reclamantes e inconformes que sufrieron en carne propia las consecuencias de los desvíos de recursos dispuestos para obras ya cobradas, pero no realizadas.

En fin, cada medio de comunicación es el responsable de cubrir una parte del rostro a cada uno de los “N” vinculados a proceso, los que se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero, cómo no decir que se trata de Gabriel Mendicuti, ex presidente municipal de Solidaridad y ex secretario general de Gobierno; de Roberto Borge Angulo, ex gobernador; de Ana Alicia Rivera Galera, ex directora de Recursos Financieros de la CAPA; o de Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad, tesorero de Borge y excandidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), detenido por el quebranto y peculado por más de 750 millones de pesos.

Lo mismo sucede con quienes enfrentan su proceso en prisión, como Carlos Acosta Gutiérrez, ex director de VIP Saesa, acusado de desempeño irregular de la función pública; Víctor Loyola, ex procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, acusado de desempeño irregular de la función pública; y Paula González Cetina, exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Tan sólo con esos enlistados (sin contar a Roberto Borge) la suma del presunto quebranto rebasa los mil millones de pesos, que toca a la autoridad exculpar o condenar. Existen pruebas, y por ello fueron vinculados a proceso, aunque al rato paguen una parte y salgan libres como ha sucedido.

Considero que es justo descalificarlos, porque todos tienen acusaciones sólidas, tanto que dos de ellos siguen su proceso en libertad, vinculados a proceso por desempeño irregular en sus funciones, como Paulina García Achach, ex subsecretaria de la Seduvi, y Erce Barrón, ex director de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo). Otro más que confirma su culpabilidad es Mauricio Rodríguez Marrufo, ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), a quien se le vinculó a proceso y estuvo siete meses en prisión, tras una sentencia condenatoria por desempeño irregular de la función pública, pero la Ley “hecha a la medida de la corrupción”, lo condenó al pago de 39 millones 733 mil 176.81 pesos y salió libre.

Luego entonces, no hay “cacería de brujas”, ni consideramos que haya revanchismo del gobierno actual. Es apenas algo de lo que se merecen, aunque haya quienes se persignen y escandalicen por la forma en que son presentados, siendo que durante años se beneficiaron por callar el latrocinio.

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