El poder del crimen organizado

Gabriel Aarón Macías Zapata
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Martes 29 de octubre, 2019

Luego del operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán López; liberado a raíz de la enorme fuerza desplegada por el [i]Cártel de Sinaloa[/i], algunos comentarios periodísticos y de la oposición advierten que el hecho de claudicar ante la violencia del crimen organizado constituye una mala señal porque en adelante los sicarios ya sabrán cómo doblegar a las autoridades.

Parece que quienes opinan así no se han dado cuenta que cuando algún grupo delictivo se interesa por alguna plaza, lo primero que realiza es ingresar mediante el uso de la violencia, único medio para establecer el dominio del mercado de las drogas. Para nadie es desconocido este proceso; los mismos sicarios anuncian su llegada a través de mantas colgadas en lugares públicos. A los contrarios se les avisa que se hagan a un lado, y a quienes no se alineen los amenazan con la muerte.

A ciertas autoridades las cooptan mediante una combinación de estrategias; a través del soborno y por amenazas hacia los familiares. Lo mismo sucede con cientos de ciudadanos cuyas actividades son necesarias al grupo delictivo; ya sea como halcones, tiradores de droga, sicarios, etcétera. En este caso están los taxistas, vendedores ambulantes, meseros y otros, quienes son reclutados mediante el convencimiento, la violencia y la intimidación a los familiares. De hecho, ningún grupo delictivo puede actuar sin tener como rehén a una parte de la sociedad. El uso de la violencia es una forma efectiva para que el crimen organizado obtenga lo necesario para seguir con sus actividades ilícitas. Esto último es lo que observamos en los hechos pasados en Culiacán.

Las autoridades cometieron un error en el operativo para detener al hijo de [i]El Chapo[/i], al no prever la reacción de los sicarios para rescatar al patrón, y que de inmediato rebasaron a la fuerza de los agentes del gobierno. Que además se movilizaron para rodear el complejo donde vivían las familias de los efectivos militares, bajo amenaza de violentarlas si no liberaban al detenido. La violencia se agudizó cuando los maleantes establecieron bloqueos y operativos de distracción en varios puntos de la ciudad.

El desenlace se dio cuando se decidió no enmendar el primer error con otro cuyas consecuencias hubieran sido fatales. De haber mantenido la detención de Ovidio Guzmán la reacción violenta hubiera incrementado con un saldo de pérdida de vidas inocentes. Además, tomando en cuenta la superioridad de fuerzas del crimen organizado, nada garantizaba que la operación terminara a favor de las autoridades. Ante este estado de cosas, al más alto nivel del gabinete de seguridad se decidió por liberar al hijo de [i]El Chapo[/i].

El especialista en seguridad pública, Edgardo Buscaglia, crítico de la estrategia de seguridad de AMLO, consideró un grave error enviar a cerca de 30 efectivos para detener a un importante capo. Sin embargo, advierte, la decisión final fue correcta: "Cualquier militar (…) diría que no vale la pena masacrar a todos los efectivos (…), son gente valiente (…) que se está jugando la vida con tal de capturar a un mafioso".

Los críticos que afirman que la forma como el capo fue liberado puede ser un ejemplo a seguir para doblegar al gobierno; olvidan que este caso no es el inicio de esta estrategia, sino la repetición de los hechos ocurridos en 2012, cuando en Guadalajara fue detenido [i]El Mencho[/i], actual líder del [i]CJNG[/i]. En iguales circunstancias, los sicarios organizaron bloqueos y desataron la violencia en la ciudad, al grado que el gobernador panista Emilio Márquez procedió a liberar al narcotraficante. En aquel tiempo Felipe Calderón estaba a punto de concluir su período presidencial y sobre estos hechos no hubo un comunicado oficial; fue hasta 2015 cuando se dieron a conocer, gracias a la filtración de un documento a la prensa.

En la actualidad, el líder del PAN, Marko Córtes, hizo una denuncia contra López Obrador y el titular de la Secretaría de Seguridad por claudicar en la aplicación del Estado de Derecho, situación que -según él- nos conduce a un Estado fallido. De ser así, esta condición sería continuidad del malogrado operativo ocurrido en tierras tapatías bajo la administración panista.

El Presidente admitió la responsabilidad por la decisión tomada. Se inclinó por garantizar la vida de los ciudadanos antes de atrapar a un delincuente. Sobre la demanda en turno, se mostró dispuesto a declarar y exponer sus razones sobre la polémica actuación. Este episodio nos recuerda la denuncia que en 2004 dio lugar al desafuero de López Obrador, y que, en vez de afectar al entonces aspirante a la Presidencia, tuvo que ser retirada para evitar que aumentase su popularidad. Veremos en qué termina.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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