Prudencia y sensatez

Normando Medina Castro
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Jueves 24 de octubre, 2019

Minimizar los éxitos y avances del gobierno y maximizar sus errores, a cualquier costo, aún de atentar contra el sentido común y los mínimos valores éticos, es la dinámica que prevalece en sectores que fueron afectados por la victoria electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una y otra vez, la misma situación, vociferan por encima de los intereses superiores de la nación y aún de la vida de ciudadanos, con tal de golpear la imagen del mandatario, incluso enalteciendo la “capacidad de fuego” y “la fuerza” del crimen organizado, que en “Culiacán, Sinaloa arrodilló al gobierno”, según publicaron varios medios nacionales y algunos del extranjero, sobre todo de EU.

Columnistas, locutores, intelectuales y periodistas afines a los políticos y empresarios que perdieron sus privilegios y su impunidad con López Obrador, usaron todos sus recursos para poner el grito al cielo y acusar que el gobierno había sido derrotado por el [i]Cártel de Sinaloa[/i] que provocó tiroteos, incendios y destrozos en Culiacán para que un grupo de militares dejara en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo de [i]El Chapo[/i] Guzmán, a quien habían detenido en una vivienda.

Acusaron de debilidad al presidente de México, una vez más, hay que recordar que cuando Trump amenazó con imponer aranceles de manera unilateral a algunas exportaciones nacionales, exigieron que AMLO se enfrente al mandatario estadounidense, aún a sabiendas que eso dañaría a nuestro país, lo cual nunca les ha importado.

Sofistas de quinta que, cuando lo creen conveniente, se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, como ha ocurrido con los [i]huachicoleros[/i] y sus grupos de apoyo, y ahora con la crisis de Sinaloa argumentaron que, para que el gobierno no fuera derrotado, debía actuar con toda la fuerza prescindiendo de la vida de los criminales y de la población que tenían amenazada. También una vez más, López Obrador fue prudente y sensato para evitar el derramamiento de sangre.

Es absurdo creer que los cientos de sicarios movilizados por el [i]Cártel de Sinaloa[/i] para amenazar a la población y sembrar el miedo y el desorden, son superiores a las fuerzas armadas de México, integrada por miles de elementos con valores, mayor preparación y armamento, incluyendo helicópteros artillados, tanques, etcétera. Lo que prevaleció fue una visión de estadista del presidente en un momento de crisis, tomando como valor máximo la preservación de la vida de los civiles, por encima del ego que gobierna la pequeñez de sus detractores.

Así mismo lo percibió la gente de Sinaloa que un 79.1 por ciento, según una encuesta de Mitofsky, aprobaron y avalan la decisión tomada por el gobierno federal, de suspender el operativo y liberar a Ovidio Guzmán para evitar la muerte de inocentes, habida cuenta de que los sicarios circulaban por la ciudad para disparar a la población civil en caso de que se prefiriera la confrontación. El Financiero, por su parte, reveló que un 69 por ciento de los mexicanos apoya a AMLO después de los hechos de Culiacán.

Entre las armas que portaban los sicarios del [i]Cártel de Sinaloa[/i], destacan las ametralladoras Barret, procedentes de los EU, capaces de atravesar chalecos antibalas y blindajes, mismas que entraron a México dentro del programa “rápido y furioso” implementado en el gobierno del panista Felipe Calderón en coordinación con los estadounidenses, para que esas armas funcionaran como cebo y llevaran a la captura de los narcotraficantes a los que se les vendió en operación encubierta. El programa fue un fiasco y las armas siguen en poder de grupos del crimen organizado.

Los hechos de Culiacán evidenciaron que alguien le mintió al gabinete de seguridad desde el principio y dieron una versión falsa que después corrigieron. El operativo fue mal planeado y mal ejecutado. Los criminales al parecer conocían la identidad de los militares que participaron y de sus familias. Es necesaria una investigación a fondo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación entra a una etapa de reforma en la que, como expresó su presidente, el ministro Arturo Zaldívar se acabará con la red de encubrimiento que ha lastimado la impartición de justicia y se establecerá un código penal único. Los antes impunes privilegiados de la corrupción ya empezaron a vociferar, uno de sus últimos reductos ya no estará al servicio de sus intereses, sino de la Constitución y de la nación, lo cual simplemente les parece inadmisible, y los ataques argumentando que el judicial pierde autonomía irán en aumento. Para ellos autonomía es que las leyes, jueces y tribunales nunca los toquen.

El gobernador Carlos Joaquín ha hecho bastante obra para mejorar la imagen urbana de Chetumal; el problema es que no se nota. Y no es por falta de difusión. Simplemente no se nota porque han tenido problemas de planeación y en la ejecución no han privilegiado la calidad. Las calles y banquetas chetumaleñas en su mayoría están en pésimo estado. En mucho ha contribuido la Comisión Estatal de Agua Potable que rompe calles a diestra y siniestra, sin rehabilitarlas, hasta que la presión ciudadana llega a los límites. Además la CAPA, encabezada por un perredista, se niega a desaparecer el DRAEF, la instancia leonina del ex gobernador Roberto Borge, para cobrar adeudos de usuarios con litigios bajo el amparo del poder del estado, aún cuando viole derechos constitucionales.

Lo dicho, el sentido común, la sensibilidad social, el oficio político, está ausente en varios de los colaboradores del gobierno PAN-PRD de Carlos Joaquín, todo lo que signifique recaudación les abre el apetito, sin pensar en las implicaciones. Ahora ya retomaron la intención de cobrar el predial en Chetumal argumentando la incapacidad del presidente sustituto Othoniel Segovia. Como si la gente se negara a pagar por un asunto de simple morosidad. No miran el entorno económico chetumaleño, sin fuentes de empleo, inseguridad a la alza, negocios cerrando por falta de circulante, y con tomadores de decisiones, detentadores del poder, ajenos e insensibles. Seguramente les lloverán amparos y exacerbarán los sentimientos nativistas y de arraigados que ya están a flor de piel. Menospreciar a esa gente a la que celebran cada 8 de octubre con la conversión a estado, ni es moral, ni político. El diputado Roberto Erales sin duda tendrá un papel relevante.

Ojalá el anuncio del titular de la SCT, de la reubicación del aeropuerto de Chetumal, sea realidad, podría contribuir a la alicaída economía local.

En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

[i]Chetumal, Quintana Roo[/i]
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