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del

Rodrigo Patiño
Foto: Twitter @SEFOETYucatan
La Jornada Maya

Jueves 26 de septiembre, 2019

Ha iniciado una nueva oleada mediática referente a los problemas de energía de la península de Yucatán. Se habla del avance imparable de los proyectos eólicos de gran escala. Se ha anunciado que los aerogeneradores del Parque Eólico Progreso comienzan a llegar para su pronta instalación, también se ha denunciado la intención de ampliar el Parque Eólico Tizimín, de 86.1 MW y mil 725 hectáreas, a 162.3 MW y más de 3 mil hectáreas. Y durante su visita a España, el gobernador Mauricio Vila confirmó en su cuenta de Facebook un acuerdo con la empresa Elecnor para la instalación de parques eólicos en Panabá y Sucilá.

En total son más de 10 proyecto eólicos autorizados para el norte de la península, desconociendo no sólo su impacto socioambiental individual, también los impactos acumulativos y sinérgicos. Todos estos proyectos son de inversión privada y están fuera de una Evaluación Ambiental Estratégica de carácter regional, la cual no sólo debiera haber hecho la Semarnat por mandato de la Ley de Transición Energética (2015), sino por su utilidad en la definición de planes y programas de política pública con un enfoque interdisciplinario y de sostenibilidad.

Las empresas y las oficinas gubernamentales insisten en la bondad de estos proyectos, no sólo en la lucha contra el cambio climático global, sino en la disminución de las tarifas eléctricas, la generación de empleos y la derrama económica: todos estos beneficios son altamente cuestionables. Estos discursos citan la cantidad de electricidad generada para el uso determinado de un número de familias, incluso aunque la modalidad de venta eléctrica sea a la iniciativa privada y no a la CFE. Se omite también mencionar que la industria y las empresas de servicios como el turismo son los grandes consumidores de electricidad en la región –no las familias–, y que Quintana Roo, el mayor estado consumidor de la península, no se ha preocupado históricamente por tener plantas de generación eléctrica.

Tampoco se ve ningún esfuerzo por tener un consumo más eficiente del servicio ni por sustituir gradualmente el uso de combustibles fósiles por las fuentes renovables de energía. Es decir, además de las plantas convencionales de generación eléctrica en Mérida, Valladolid y Campeche, ahora tenemos una producción adicional por los parques eólicos y fotovoltaicos de gran escala. Esto implica que no se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero por generación eléctrica en la península, sino que, al contrario, se aumentan, pues la producción y transporte de los paneles fotovoltaicos y las turbinas eólicas también son responsables de un consumo energético que no se ha valorado.

También hay que agregar los efectos ambientales locales que ocasionan estos proyectos durante su instalación (deforestación, daño a manglares y red hidrológica, pérdida de biodiversidad, etc.). Más aún, el gobierno federal ha confirmado su intención de instalar una nueva planta de generación eléctrica en Mérida basada en combustibles fósiles, así que finalmente no se ve la ventaja de la instalación de los proyectos eólicos y fotovoltaicos.

Al respecto, hay que resaltar que las plantas generadoras Mérida III y Valladolid III, también privadas, son de ciclo combinado, como la nueva planta que se ha anunciado. Sin embargo, en los últimos años éstas se han visto obligadas a usar combustóleo en vez de gas, no sólo trabajando de forma ineficiente y con mayor contaminación, también elevando el costo de la electricidad, de acuerdo al esquema tarifario actual.

[b]Importación de gas[/b]

Más aún, este combustible se obtiene por compañías privadas en Norteamérica, nuestro principal proveedor, por medio del llamado fracking o fracturación hidráulica, nombrándose en realidad gas de esquisto. Este proceso se considera peligroso por el riesgo de contaminar grandes volúmenes de suelos y de liberar a la atmósfera cantidades importantes de metano, un gas con un potencial enorme de efecto invernadero cuando se le compara con el dióxido de carbono.

Justamente el marco legal incompleto que se tiene a nivel nacional y local, además de la incapacidad de algunos funcionarios públicos o de su mala voluntad, ha permitido que la iniciativa privada se asuma con voz y voto en las decisiones energéticas que corresponden a la federación. En este tenor, el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán ha estado muy activo en las discusiones sobre electricidad y gas natural en la Mesa de Trabajo que se organizó para los días 22 y 23 de agosto en Mérida, con senadores y diputados federales.

También ha publicado recientemente un posicionamiento en el que recomienda no “ceder a presiones o amenazas de grupos” en contra de la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos. Tampoco hay que olvidar que ya tiene un tiempo la colaboración del gobierno del estado de Yucatán con la Agrupación Peninsular de Energía Renovables, presidida por Benigno Villareal del Río, quien además es el director general de la empresa Vive Energía, responsable de los proyectos eólicos Dzilam de Bravo y Progreso. Esta alianza se vuelve más estratégica cuando la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (SEFOET) del gobierno del estado de Yucatán forma recientemente la Subsecretaría de Energía y contrata a Mirelle Segovia, quien trabajó previamente en Vive Energía por más de cinco años.

Investigador del Cinvestav, unidad Mérida y miembro de la Articulación Yucatán

[i]Mérida, Yucatán[/i]
[b][email protected][/b]


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