El Punto PUT y esas cosas

Jesús Hernández Martínez
Foto: gob.mx
La Jornada Maya

Martes 18 de junio, 2019

De acuerdo con una premisa, tal vez no muy racional, cuando un asunto se “manosea” demasiado, se toca en exceso, se pretende cambiar sin cambiarlo y se le aplican una y mil sugerencias y las opiniones en torno a éste se multiplican, se aleja poco a poco la posibilidad de llegar a un acuerdo universal o que al menos deje satisfechos a los interesados más cercanos. Ese es el caso del ya casi legendario lío limítrofe entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Bastó la publicación, primero del gobierno de Quintana Roo y luego de la XV Legislatura en el Diario Oficial del estado para que “alguien” tomara de nuevo el asunto como una bandera a la que los conocedores no le ven ningún sentido pues, después de 22 años de que inició el lío se ha comprobado el mínimo casi nulo interés de la Federación, o al menos del Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya analizaron el asunto exhaustivamente y prefirieron mantenerlo en la congeladora oficial.

[i]La Jornada Maya[/i] ha informado ampliamente sobre ese asunto; las más recientes publicaciones de Felipe Escalante Tió, de las más completas e interesantes por ser trabajos bien investigados. Sin embargo, siempre se puede agregar más y, sin que se nos atribuya algún mérito, cuando inició el lío unos 20 periodistas y una docena de funcionarios quintanarroenses, estuvimos hace 22 años en el llamado Punto PUT, que consiste en una mojonera de más o menos dos metro de altura por otros dos de base con una leyenda que señala que el pequeño monumento es la referencia de las colindancias de los tres estados.

La historia, como lo saben los interesados, comenzó en enero de 1997 cuando el entonces gobernador de Campeche, Jorge Salomón Azar García creó el municipio de Calakmul que abarca tierras quintanarroenses. La reacción de su colega de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid fue iniciar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, un juicio uniinstancial. Autoridades de ambas entidades acudieron a presentar la documentación respectiva para acreditar su versión. La Corte mantuvo el juicio, en el que Yucatán era tercero perjudicado, varios años y luego pasó el asunto al Senado. Ninguna de esas instancias dictó sentencia. Varias autoridades yucatecas declararon por esas fechas que el lío era entre Campeche y Quintana Roo no les afectaba. Yucatán se mantenía como una entidad amiga y de relaciones armoniosas con los otros dos estados de la Península aunque, aparentemente, parte del territorio yucateco “invadía” Quintana Roo.

En Chetumal, que no en todo Quintana Roo, organizadas por personas que decían que defendían “las propiedades quintanarroenses”, se organizaron marchas, plantones en varios edificios públicos y otras muestras de repudio a las autoridades campechanas y se creó un Comité Pro defensa de los límites del estado, que solo sirvió para crear unas diez plazas en la administración estatal y, los abogados de la entidad acudieron a varias diligencias en la ciudad de México, donde se radicó la controversia constitucional iniciada por el gobierno de Quintana Roo.

Mientras, el municipio de Calakmul comenzó a poblarse con familias campechanas que en los últimos años han aprovechado los apoyos de los gobiernos de Campeche y de Quintana Roo. Incluso muchas personas tienen credenciales de elector de ambos estados y votan en ambas entidades. Sobre los predios que se les asignaron no tienen problemas pues las leyes federales aclaran que para las actividades agropecuarias las los linderos entre dos estados no afectan su tenencia. En el remoto caso que el municipio en disputa retornara a Quintana Roo, no se pueden desalojar las familias que viven en esa demarcación. Por cierto, ante del inicio del conflicto a las autoridades quintanarroenses no les interesaba ese polígono casi abandonado y sin habitantes.

El 8 de noviembre de 2013 (esta referencia es digna de estudio por los especialistas), la mayoría de los medios de comunicación de la región dieron a conocer que, según el gobierno de Campeche, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado unos días antes como improcedente el recurso de reclamación promovido por el gobierno de Quintana Roo contra el de Campeche. Ni el gobierno de Yucatán ni el de Quintana Roo emitieron alguna opinión sobre esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La información anterior la confirmó el entonces secretario de gobierno de Campeche, Roberto Sarmiento Urbina, quien agregó que los cinco magistrados de la Primera Sala de la Suprema Corte, confirmaron con su sentencia que Campeche debe mantener su territorio intacto. Dijo que con el fallo el lío limítrofe con Quintana Roo quedaba como un caso juzgado. Los linderos de los tres estados no se moverían, quedarían como estaban y “Campeche triunfó legalmente”.

Pero ahora, luego que las autoridades quintanarroenses mandaron publicar, las medidas y colindancias de Quintana Roo, las yucatecas ya habrían presentaron el viernes 14 de este mes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del estado de Quintana Roo que, presuntamente, invade territorio yucateco.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, José Antonio León Ruíz, afirmó que estarán pendiente de la notificación del juicio que inició Yucatán; “defenderemos los 10 mil 210 kilómetros cuadrados de tierras que tratan de arrebatarnos Campeche y Yucatán”.

Correrán otra vez galones de tinta para informar del nuevo proceso judicial y, a ver qué pasa pues el caso Campeche-Quintana Roo, en que también se alude, o aludió a Yucatán, no pareció interesarle a la Federación.

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