Una historia de divisiones (I)

Felipe Escalante Tió
Foto: Tomada de la web
La Jornada Maya

Jueves 30 de mayo, 2019

El problema de los límites entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo tiene fecha de origen: el 3 de mayo de 1858, cuando se firmó el convenio de división territorial entre las primeras dos entidades, iniciando una serie de desmembraciones políticas de la geografía peninsular que hasta entonces era entendida como Yucatán.

En dicho acuerdo, según mencionan Michel Antochiw y Rocío Alonzo en el libro [i]Hechos de Yucatán[/i] (Segey, 2010), para el trazo divisorio se recurrió al único mapa de la península disponible entonces, pero más que a la división cosmográfica que establecía el convenio, la división terminó arreglándose sobre la base de la pertenencia tradicional de los pueblos a alguno de los distritos colindantes; es decir, lo que debió ser una línea recta entre Celestún y las salinas de La Herradura, perdió su regularidad al pasar entre Halachó y Calkiní, pues las haciendas de Tankuché y Komchén, así como el pueblo de Becal, formaban parte del partido de Hecelchakán, el cual debía pertenecer a Campeche.

Antes de esta división, según observaba Tomás Aznar Barbachano, en un documento que recuperan los autores mencionados, “ninguna ley de Yucatán había fijado los límites de sus diversos distritos, ni mucho menos se habían practicado operaciones geodésicas para determinarlos y sólo se calculaba la extensión de ellos por las diversas poblaciones que a cada uno pertenecían”.

En cuanto a los límites orientales de Campeche, también se trató de un criterio también geopolítico más que geofísico, pues prácticamente a este estado se le obligó a mantener una línea fronteriza, protegiendo a los mayas pacíficos de Icaiché de los ataques de los cruzo’ob de Chan Santa Cruz. De nueva cuenta, esta línea resultó bastante difusa. Sin embargo, dada la situación de guerra que duró más de medio siglo, los conflictos entre las dos entidades fueron mínimos.

La creación del Territorio Quintana Roo en 1901 fue también generadora de tensiones. Un sector de la sociedad yucateca de entonces percibió este hecho como un agravio por parte del gobierno encabezado por Porfirio Díaz, pero también como una traición a manos del grupo político vinculado a Olegario Molina, quien en ese año apenas acababa de ser electo gobernador.

Alrededor del decreto de creación de Quintana Roo existen varias historias que se interpretan como reacciones contra lo que se percibía como una afrenta a Yucatán, tomando en cuenta que esta entidad había sufragado por muchos años la campaña contra los llamados mayas rebeldes.

Algunos de quienes vivieron la época, como Antonio Mediz Bolio, apuntaron que existió un proceso al que llamaron [i]La desintegración del Yucatán auténtico[/i].

El 4 de mayo de 1901 representó, para muchos yucatecos, el fin de una época en la que dinero y vidas se perdían sin esperanza de alcanzar la paz, por lo que ver esa extensión, imaginada como “la región más exuberante y fértil del territorio yucateco”, sustraída de la jurisdicción yucateca, equivalía a un duro castigo contra un estado que, a pesar de la situación de guerra, había logrado convertirse en una de las entidades más ricas del país por la cantidad de divisas que ingresaba; aunque esta riqueza se basara en la explotación de los mismos mayas.

La creación de estados a partir de la división del “Gran Yucatán” es una historia en la que tiene que intervenir el gobierno federal. A fin de cuentas, es parte del problema de conformación del Estado Mexicano y tanto al establecer las fronteras con Campeche como al decretar el surgimiento de Quintana Roo los límites se pusieron sobre bases muy débiles; tanto como lo era el Estado en esos respectivos momentos de la historia nacional.

¿A quién asiste la razón histórica y jurídica en la cuestión limítrofe? A nadie. En tanto no se revisen los documentos de creación de Campeche y Quintana Roo y se realice una medición geodésica, recurriendo a instrumentos de posicionamiento satelital, seguiremos viendo el espectáculo de la explotación política del tema en el nivel de discusión que vemos hoy: como parte del folclor. Porque mientras existan “Comisiones de Defensa del Territorio” o convocatorias a los tres poderes “que sólo esperan el liderazgo del gobernador”, estaremos simplemente ante gritos y sombrerazos.

¿Esperamos que las legislaturas presenten argumentos jurídicos? Si la de Yucatán los busca como hizo para impedir el reconocimiento del matrimonio igualitario en oposición a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, necesitaremos asientos harto cómodos. La solución no va a llegar por un acuerdo entre los tres estados. El problema limítrofe es de índole federal e incluso internacional, y desde ahí deberá buscarse la solución.

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