¿Academia contra desarrollo?

José Luis Sierra Villarreal
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Martes 28 de mayo, 2019

Existe en Yucatán un pequeño grupo de científicos que se opone al desarrollo de las energías limpias. La apuesta de este grupo es al inmovilismo ambiental, a dejar las cosas como están, oponiéndose a cualquier intento por afrontar y resolver problemas torales para nuestra economía y nuestra sociedad, como es el caso de la dependencia energética de Yucatán.

Este grupo de científicos –que trabajan en instituciones públicas de amplio prestigio– mantiene de tiempo atrás presencia mediática, haciéndose pasar como defensores del medio ambiente, asumiendo la representación del pueblo maya, de sus derechos y de sus intereses históricos. Ninguna de esas dos funciones debiera encontrar objeción en una sociedad comprometida y participativa, a no ser que se recurra a la mentira y al manejo tramposo de la información para promover la división social, fincada en las diferencias étnicas y en el discurso de odio, como lo hace el grupo de científicos al que me refiero.

Para no bordar en generalidades, tomaré como muestra de lo que señaló el doctor Rodrigo Patiño, investigador del Cinvestav, en su texto “Las trampas de la electricidad: lo local contra lo global. Se distorsiona un real desarrollo regional sustentable”, publicado en este mismo diario el 20 de mayo.

Empieza el investigador planteando una confrontación estructural y geopolítica: “se trata de una lucha de intereses públicos contra privados, pero también de una confrontación de ideas entre lo global y lo local. El sentido común nos lleva a defender lo público y lo local, pero no es fácil contra los discursos de globalización y privatización”. Y pasa a reprobar y combatir los proyectos de generación de energías limpias de una manera genérica.

Patiño condena a los macroproyectos de generación energética “porque no generarán empleo”; porque “la electricidad que se generará no será para uso de las comunidades y de las familias locales”; porque “no reducirán las tarifas eléctricas”; y hasta porque “las torres y los turbogeneradores se construyen en el extranjero”. Ilógico y reprobable que un científico repruebe un proyecto de generación de energía, porque no genera empleo, cuando su fin es generar energía, no empleo.

Patiño es un científico al que no le preocupa la suficiencia energética de Yucatán, tampoco parece interesado en el cambio climático y en sus impactos locales. Le preocupa, sí, que se restablezca y modernice la interconexión de las redes de transmisión en la zona ístmica; pero no lo sacude la dependencia histórica de la península, ni la demanda futura de energéticos, ni sus costos, ni la competitividad.

El campesino maya que dice defender, y la comunidad cuyos derechos dice representar, son sujetos sociales de Yucatán. En la medida que la entidad resuelva problemas torales y elimine rezagos históricos, en la misma medida sus habitantes y sus familias vivirán mejor, podrán disponer de mejores empleos y mejorar sus ingresos.

[b]Semillas de la división[/b]

Las semillas de la división que siembra Patiño no se quedan en el debate entre lo global y lo local. Para descalificar, negándole legitimidad y legalidad a “los otros”, utiliza el argumento de la conculcación ancestral de los derechos “de los mayas”, da por sentada la depredación “de la selva”, para terminar con una denuncia en tonos apocalípticos: “Las violaciones que se han hecho sistemáticamente a estos derechos son la amenaza a un desarrollo sostenible y justo”.

Para llegar a sentencias tan graves, Patiño se armó con mentiras, medias verdades, argumentos dolosos y falsedades. Veamos algunas cuantas: “Se han deforestado […] se minimizaron los efectos en la biodiversidad del ecosistema y en los servicios ambientales que otorga la selva a las actividades económicas de los habitantes de la región”.

Falso que se hayan depredado superficies selváticas o que se ponga en riesgo el ecosistema. Falso que se hayan deforestado 10 o 100 mil hectáreas. Los terrenos utilizados en los proyectos eólicos o fotovoltaicos son terrenos agrológicamente depredados (si alguna vez tuvieron uso agrícola), son superficies abandonadas por años, terrenos con maleza y selva baja caducifolia, mayormente por ser inundables, alcalinos o salobres. En ningún caso se desplazaron usos o actividades económicas de los habitantes. Argumento éste tramposo que se encargan de exhibir los propios involucrados, ya que son los mismos propietarios los que ofrecen sus tierras para ser incluidas en los proyectos y son esos comuneros, ejidatarios y/o pequeños propietarios, los que suscriben los contratos de arrendamiento y los que cobran las cifras acordadas, cada semestre.

De manera dolosa, Patiño introduce en su texto cifras por miles de hectáreas y descompone pagos por miles de pesos en parcialidades de unos cuantos pesos pagados por hectárea.

Para ilustrar el manejo tramposo de las cifras referiré las 12 mil hectáreas que, al decir del investigador, ocuparán los 23 proyectos energéticos, de llegar a concretarse. ¿Son muchas hectáreas?, ¿comparadas con qué?

La mancha urbana de Mérida ocupa más del doble de esa cifra. Tal vez Patiño no esté familiarizado con la experiencia henequenera, pero la hacienda de Uayalceh utilizaba 24 mil hectáreas para la cría de mulas y burros, indispensables para mover los trucks. La zona henequenera implicó la deforestación y uso intensivo de un millón 600 mil hectáreas, 130 veces más que la superficie que llevaría a Yucatán y a sus habitantes a tener asegurada la suficiencia energética, con energía limpia, además.

El manejo doloso de las cifras no se agota allí. Patiño cuida muy bien esconder que las tierras utilizadas por estos proyectos energéticos no son compradas, sino rentadas y que las instalaciones para la generación energética –con las torres incluidas– sólo ocupan la centésima parte de la superficie contratada, dejando libre la posibilidad de utilizar esas tierras para usos agroforestales, como de hecho sucede en numerosos países. Se guarda de mencionar que, con el monto de la renta de dos o tres años se pueden adquirir en propiedad las hectáreas que se quieran, con plenos derechos, en cualquiera de las zonas en donde se instalan y operarán los proyectos de generación energética.

“¿Para quién son entonces las ganancias de este Parque?”, Patiño aporta cifras para montar su descalificación. “Si bien esta cifra parece grande (75 mil pesos semestrales por la tierra –menos de una hectárea– que ocupa un autogenerador JLS), en realidad es pequeña cuando convertimos la renta a una cifra mensual de un máximo de 260 pesos por hectárea”. Contrario al juicio condenatorio del investigador, los propietarios de las tierras se apresuran por firmar esos contratos y por asegurarse una “renta vitalicia” jamás soñada, por ellos o por sus antepasados; y es que 12 mil 500 pesos mensuales por una hectárea es para cualquier familia del medio rural una fortuna. Alejado de la objetividad a la que está obligado como científico, Patiño desliza en su pseudo análisis un dato que considera definitivo para satanizar a los inversionistas: “Las ventas anuales esperadas (por una de las empresas generadoras, JLS) suman entre 90 y 270 millones de pesos para el parque”. Otra vez, ¿y eso es mucho o poco?

Del ingreso por las ventas anuales de energía, los inversionistas tienen que recuperar los costos de la compra e instalación de los aerogeneradores y del equipo complementario para su operación (de dos a tres millones de dólares por generador, dependiendo su capacidad y calidad). A ese monto hay que sumarle el pago de renta por las tierras; la gestión con la CFE para la entrega de energía y su cobro; los costos de operación, reparación y mantenimiento del equipo; gastos administrativos que incluyen seguros y eventualidades como ciclones, etc. Es lógico que las empresas privadas persigan la ganancia como objetivo central; es obvio que la generación de energías limpias es una vertiente atractiva para los inversionistas privados como fuentes de ganancias, pero no se quiera pintarlas como vetas de oro, como empresas depredadoras del ambiente o explotadoras de los derechos de nadie.

La búsqueda fácil de notoriedad social que ejerce un grupo de científicos como el que nos ocupa, debiera dar paso a la búsqueda y construcción de alternativas para la generación de energías limpias que tengan a las propias comunidades como gestoras y, por ende, como beneficiarias directas. No es cerrando las puertas al acceso y a la utilización de las nuevas tecnologías para atender y resolver viejos problemas y rezagos, no es ese el mejor camino para beneficiar a las comunidades rurales (pueblos originarios) ni para defender sus derechos. Es obvio que Yucatán no termina de superar la cultura del henequén, de su dependencia e improductividad. Mal hacen los científicos que pretenden reavivar esos rescoldos utilizando la supuesta violación de los derechos del pueblo maya como excusa.

*Escritor e investigador del INAH.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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