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Ana E. Cervera Molina
Foto: EFE
La Jornada Maya

Viernes 12 de abril, 2019

Desde mi primer par de textos en este rotativo, dedicados a la migración centroamericana, la necesidad de reflexionar sobre lo político ha sido una urgencia subyacente para mí. Los meses han pasado y, en fechas recientes, la migración centroamericana hacia Estados Unidos y el parcial cierre comercial de la frontera norte de México han acaparado la atención de los medios de comunicación, quienes una y otra vez dan réplica a las amenazas de Donald Trump. En ellas, el presidente norteamericano se muestra bastante obsesionado con erradicar de una vez por todas la migración proveniente de países subdesarrollados en rumbo hacia la nación en crisis que él dirige.

En materia de migración, al principio, la política morenista en México mostró su cara más amable y conciliadora al exterior. Después de eso, ha sobrevenido el silencio. Desde diciembre del año pasado, AMLO se levantó mucho más temprano que Trump para darle, muy sutilmente, la vuelta a éste durante sus conferencias mañaneras. Sin embargo, muy a pesar de lo esquivas de sus chispeantes respuestas, nuestro presidente no modificó en mucho la postura que tomara con respecto al tema su predecesor, Enrique Peña Nieto. Pero sí anunció, entre el 18 y 19 de diciembre del año pasado, a propósito del Día del Migrante, que habrá un plan de inversión en el sur de México que también favorecerá, en cooperación con Estados Unidos, a los países del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), principales países expulsores que alimentaron las caravanas migrantes que perforaron violentamente la frontera sur de México a finales del año pasado, justo en el momento de las campañas electorales en Estados Unidos y de la transición política en México.

Pero la política de austeridad republicana en materia de desarrollo e infraestructura ha dividido la región central de América en dos partes: Por un lado, en el ámbito nacional, el proyecto de desarrollo del sur de México se ha concentrado en el Tren Maya, sin apuntar claramente cómo se establecerá la integración regional de esta zona que ya está bastante dividida por las fronteras interestatales y por los partidos políticos que dominan las gubernaturas. Mientras que, por el otro lado, en materia internacional todo lo concerniente a servicios consulares y al limitado presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) ha caído al suelo, víctima de la implementación de los recortes. Sin embargo, ante las quejas furibundas de las ONG´s y asociaciones civiles relacionadas con el tema, nuestro presidente ha dicho que se le chispoteó, que esto fue un error de dedo que pronto se va a resolver dentro de la asignación de recursos correspondientes al presupuesto nacional… Esto, junto con la ratificación de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, aún no pasa.

En materia de refugiados, la COMAR va muy lento y sólo ha podido atender el 20 por ciento de las solicitudes hechas desde diciembre, mientras que los grupos de migrantes siguen llegando a la frontera norte y se diversifican cada vez más en cuanto a nacionalidad, rango de edad, razones que estimulan sus movimientos y condiciones sociopolíticas para su solicitud de asilo o refugio.

[b]Marcelo Ebrard[/b]

A finales de febrero de este año, ya no fue AMLO el que salió a debatir el tema migratorio durante sus conferencias matutinas, sino Marcelo Ebrard, quien ahora fungía como canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezando un nada despreciable organigrama de autoridades que comprendía nombres conocidos como: Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población; Andrés Ramírez en la COMAR; Tonatiuh Guillén en el Instituto Nacional de Migración y Roberto Valdovino, al frente del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. En su discurso, Ebrard habló de las 10 acciones que tomará para atender a la comunidad migrante y, aprovechando el vuelo, repitió lo que Andrés Manuel prometió en campaña, es decir, que los consulados trabajarían en red y que fungirían como procuradurías de justicia y oficinas para realizar trámites oficiales, como solicitar actas de nacimiento, licencias, etc. También habló de empoderar a la comunidad migrante mediante el reforzamiento del uso del español y el mejoramiento del acceso a la educación, dos aspectos bastante debilitados dentro de las comunidades migrantes que residen en Estados Unidos.

Desde febrero, dos cosas se le quedaron en el tintero al gobierno federal: la prometida aplicación del recorte a los suntuosos presupuestos consulares que tienen determinadas residencias y su redistribución hacia dependencias y servicios consulares; y la viabilidad del voto de los mexicanos en el extranjero, lo cual le tocará definir al INE, siendo ésta una acción no menor que, de volverse una realidad, redefiniría los panoramas electorales venideros, así como las formas de hacer campaña.

Pero cuatro meses es muy poco tiempo para analizar la creación e implementación de todo un plan nacional de desarrollo, y más en materia de migración. Hasta ahora hay cosas interesantes, entre ellas, el cambio en la narrativa que ha implementado el gobierno de la 4T, pues México ha asumido su parte de responsabilidad con respecto al flujo migratorio al reconocer su bajo desarrollo económico frente al atractivo mercado laboral estadounidense. En este mismo tenor, México también asumió (tácitamente, puesto que no existe ningún compromiso oficial) su importancia cardinal, datada desde principios del siglo XX, como antesala de la migración de mano de obra no calificada hacia Estados Unidos y ha apostado por el desarrollo en Centroamérica y por mantener en refugios y casas de asistencia en suelo mexicano a migrantes que han comenzado su proceso de asilamiento o refugio en Estados Unidos. Sin embargo, con el desvanecimiento del tema migratorio en la agenda nacional, el silencio y cautela con que aborda el tema actualmente el gabinete morenista y el progresivo debilitamiento institucional de las figuras de asilo y refugio internacional, ha favorecido la invisibilización de los flujos migratorios, los cuales sólo han logrado hacerse visibles durante el éxodo centroamericano que marcó la transición y ahora que Trump los invoca como pretexto para el cierre de la frontera norte. Esta ausencia de acción gubernamental efectiva pone a este bloque constante de gente en tránsito en un panorama de inestabilidad e inseguridad que los hacen víctimas del crimen organizado, como hemos visto en el caso de los secuestros en los autobuses en Tamaulipas, y en un limbo burocrático al que no se le ve un pronto fin.

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