¿El país de cabeza?

Rafael Robles de Benito
Foto: Iván Chávez Orozco
La Jornada Maya

Viernes 22 de marzo, 2019

Lo revisé en el diccionario, para no equivocarme: milagro, en su primera acepción, es “un evento atribuido a la intervención divina”, o “un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino”. De manera que no, señor Presidente, lo ocurrido el primero de julio no fue un milagro, ni sobrenatural, ni intervino mano divina alguna. Fue, eso sí, un triunfo. Si se quiere, un triunfo arrollador, pero no un milagro. Tenga por favor en cuenta, señor Presidente, que muchos ateos votamos por usted, y nos sentimos por tanto partícipes de ese triunfo. Flaco favor nos hace al atribuirlo a la divinidad.

Dicho lo anterior, la alusión al milagro el pasado 18 de marzo se refiere a que se ha abierto la posibilidad de rescatar a la vapuleada empresa de Pemex. A primera vista, eso está muy bien. Es una apuesta fuerte, que de resultar exitosa, fortalecerá a la economía nacional; pero (siempre hay algún “pero”) el asunto presenta algunas facetas oscuras, de las que se habla poco. En un mundo que pugna por avanzar hacia la descarbonización del desarrollo, apostar por el fortalecimiento de la industria petrolera, y eso desde un país que ha firmado diversos compromisos internacionales para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar los efectos del cambio climático global, puede parecer un contrasentido.

En una reciente reunión, una ciudadana estadounidense me preguntó cómo podría explicarse la aparente contradicción de construir una refinería en Tabasco y rehabilitar otras, mientras se promete emitir menos bióxido de carbono a la atmósfera. Lo único que atiné a decir fue que en efecto, parece paradójico, pero que en realidad México no está aspirando a incrementar el consumo de combustibles fósiles (y por tanto la emisión de gases de efecto invernadero), sino que consumirá lo mismo, o menos, pero producido en México, en lugar de importarlo de los Estados Unidos. Se trataría, entonces, de un asunto de autosuficiencia energética.

Esto podría ser cierto si al mismo tiempo se viera la puesta en marcha de una política ambiental eficaz, robusta y consistente. Sin embargo, lo que se aprecia es un desmantelamiento de las instancias e instrumentos de política ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vuelve a niveles de presupuesto del siglo pasado; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (otrora joya de la corona de la gestión ambiental mexicana) se convierte en una agencia incapaz de cumplir con las metas de incremento de superficie destinada a la conservación comprometidas en Aichi, Japón; la Comisión Nacional Forestal ve disminuida su capacidad de enfrentar los retos de deforestación, manejo forestal sustentable y prevención y combate de incendios; el futuro de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y del Instituto Nacional de ecología y cambio Climático parece incierto; y poco sabemos acerca de la Comisión Nacional del Agua.

[b]Protección del patrimonio natural[/b]

Ante la “abolición del neoliberalismo” pareciera que el Estado mexicano abandona, en manos del sector privado y la vilipendiada “sociedad civil”, la protección del patrimonio natural nacional; y convierte la política ambiental (o, al menos, así se ve en la presentación del Foro Nacional para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo) en un mero asunto dependiente de la propiedad de la tierra y la conducción del desarrollo urbano. Otra cosa difícil de entender.

La atención a la degradación de los bosques nacionales se transforma en un asunto de desarrollo social, y queda entonces en manos de la Secretaría de Bienestar. Pareciera correcto: los bosques y selvas de México están habitados por pueblos originarios y comunidades rurales que los usufructúan. Pero (otro “pero” más), la forma en que se ha diseñado y opera el programa Sembrando Vida parece convertirlo en un motor de deforestación, como se ha visto en Veracruz y Yucatán, entre otros estados. Hace falta la intervención de autoridades ambientales y gobiernos subnacionales para enderezar este programa, pero eso parece ser algo que está lejos de suceder.

De modo, señor Presidente, que no necesitamos invocar milagros. A mi entender, necesitamos utilizar el capital político genuinamente ganado a partir del primero de julio y ponerlo a trabajar en pos de la sustentabilidad. Hace falta reconocer la importancia implícita en el aserto constitucional de que los mexicanos tenemos el derecho a un medio ambiente sano, y fortalecer las agencias y los instrumentos que pueden garantizarlo mediante la puesta en marcha de una política ambiental fuerte (entre otras cosas, esto significa que debe tener suficiencia presupuestal para tener un impacto relevante en el territorio nacional). Ojalá que el ejercicio que se ha emprendido para formular el Plan Nacional de Desarrollo sea una práctica efectiva de democracia participativa, y que se escuche y se tome en consideración lo que tienen que decir al respecto quienes han dedicado su vida a la búsqueda de una relación sustentable entre la sociedad y la naturaleza, aunque sean científicos y miembros de organizaciones no gubernamentales.

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